Decenas de okupas alojados en un edificio a escasos pasos de la Gran Vía de Granada se comprometen a desalojar el edificio en dos meses. Este pacto con la propietaria del edificio ocurría instantes después de una tensa batalla campal cuando una empresa de desokupación intentó echarles del inmueble. Según informan Ana Martín y Montse Ávila en el video, numerosos agentes antidisturbios se vieron obligados a intervenir en la trifulca. 

Decenas de okupas se instalaron hace un mes y medio en la antigua sede de la Consejería de Presidencia de Igualdad de la Junta, una propiedad privada ubicada en la calle Azcayas, a pocos metros de la Gran Vía. La calma en la que estaban inmersos estas últimas semanas se vio interrumpida por una empresa de desalojo contratada por la propietaria del inmueble. 

A media tarde del lunes comenzaron los altercados. Los trabajadores de una empresa de desokupación y los okupas se enfrentaron en una tensa batalla campal. Según fuentes policiales, se concentraron fuera del edificio entre 60 y 70 personas que intentaron impedir el desalojo. Numerosos agentes antidisturbios, alarmados por los enfrentamientos, tuvieron que intervenir. 

Los okupas intentaron ayudar desde los balcones a los manifestantes que se encontraban en mitad de la disputa y que trataban de ayudarles tras hacer un llamamiento a través de sus redes sociales. Llegaron a tirar desde los balcones cubos de agua, objetos y cuerdas para que pudiesen subir los okupas que quedaban en la calle. La batalla campal se saldó con cuatro heridos y un detenido por resistencia a la autoridad.  

Momentos después de la gran trifulca, los okupas pactaron con la propietaria del inmueble abandonar el edificio en un plazo de dos meses. La representante de los okupas, Marion, lo ha confirmado en unas declaraciones: “Nos vamos a marchar incluso antes, cuando encontremos el sitio, pero dos meses es el marco que hemos acordado”. 

La representante estima que no encuentra "ningún sentido a pretender” quedarse en el edificio tras descubrir que la propiedad en la que están instalados “no es de la Junta de Andalucía, sino que es de una familia”. Horas después de los momentos de tensión, la calle Azcayas se encuentra en calma, pero las declaraciones políticas no han tardado en llegar. 

Adelante Andalucía ha denunciado el intento de desalojo “sin orden judicial” y el secretario de Organización del partido, Néstor Salvador, ha puesto la responsabilidad en el gobierno central: “Con una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal se podría ilegalizar a las empresas de desocupación con multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años previstos para quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica". 

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