La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el 15 de abril al celador del Hospital Ramón y Cajal por presuntamente violar dos veces a una paciente de 18 años. Los hechos ocurrieron en abril y mayo de 2021. "Jueves por la mañana, observan que la paciente está bajo una sustancia y le hacen una prueba de tóxicos", comienza a relatar la responsable de Psiquiatría.
"La prueba de tóxicos sale positiva pero la paciente no quiere informar sobre quién le ha suministrado esta sustancia", sostiene la responsable. El Fiscal solicita diez años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y la acusación particular lo eleva a 26 por dos delitos de agresión sexual y uno de promoción y facilitación de consumo de drogas tóxicas.
La investigación señala que el celador violó en dos ocasiones a una paciente de psiquiatría de 18 años. Ella estaba ingresada por orden judicial desde el 28 de marzo de 2021 por intento autolítico, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la conducta alimentaria. El acusado aprovechó que no había personal en la zona del TEC y le ofreció cocaína.
"Después, acercándose a ella comenzó a tocarla, levantándole la camiseta, dejando al descubierto sus pechos, tocándoselos al tiempo que le decía nunca antes me había pasado esto con nadie, me vuelves loco", destaca el escrito. Y volvió a agredirla sexualmente días más tarde.
Durante la investigación, el acusado negó consumir cocaína y la jueza pidió una prueba capilar para confirmarlo. Cuando llegó a la cita, el investigado se había rapado la cabeza y la jueza autorizó que la muestra fuese sacada del pecho. El fiscal subraya que la víctima llegó a "autolesionarse inmediatamente después de suceder los hechos, lo que supuso además y a consecuencia de lo anterior agravación significativa de su patología clínica de base".
"Si esta paciente tiene menos recursos y presenta una psicopatología le pone a ella en una mayor vulnerabilidad que a otra persona de su misma edad, sexo y características", concluye la responsable de Psiquiatría. El procesado indemnizará a la víctima con 20.000 euros en concepto de daños psicológicos y morales. Así, piden que la Comunidad de Madrid sea condenada como responsable civil porque cuando ocurrieron los hechos estaba bajo su cuidado.