La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, según el escrito remitido este viernes al Tribunal Supremo. De este modo, los servicios jurídicos del Estado se desmarcan de la postura que hasta este momento habían mantenido de adhesión a los criterios de la Fiscalía, que acusa por rebelión, y solicita penas que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público.

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, no ve en lo ocurrido durante los meses de septiembre y octubre del pasado año en Cataluña el requisito de violencia necesaria para poder calificar los hechos de rebelión.

Por ello, para los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.

En cuanto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión. Un año menos, 7, es lo que se reclama para los exconsejeros Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) por malversación y desobediencia grave.

El exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave.

El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El documento consignado por los Servicios Jurídicos del Estado en el alto tribunal distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que a juicio de esta acusación jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. A seis de ellos --el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)-- se les acusa de sedición y malversación.

Ambos delitos se aprecian en concurso medial, es decir que, según el abogado del Estado, la presunta malversación --el desvío de fondos públicos para fines ilegales-- fue el medio necesario para cometer el delito más grave del que les acusa, el de sedición, consistente en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales".

No pudo haber secesión sin malversar

"Es una obviedad decir que el proceso descrito es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público. Gastos tales como los relativos a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera", relata el escrito.

Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa merecen el castigo más grave por su estatus de "autoridad", al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno".

Por esas dos infracciones penales, para Junqueras se solicitan 12 años de cárcel mientras que los otros cinco afrontarán una petición de 11 años y medio de reclusión. Al mismo tiempo se reclama la inhabilitación absoluta de todos ellos por tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad.

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados --Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)-- la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública.

El primero, por adoptar "los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos"; y el segundo, por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional.

Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa.

Un segundo grupo de acusados estaría conformado por los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían "inducido, sostenido y dirigido", aunque sin contar con la condición de "autoridad" de los seis exmiembros del Gobierno también acusados de la misma infracción. Por esa razón, el Abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Los Jordis lideraron la movilización

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales" que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron "actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales".

Por último, el tercer polo de esta actuación presuntamente delictiva, estuvo formado, según el Servicio Jurídico del Estado, por los antiguos cargos del Parlamento catalán procesados. Para la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat acusados, tenía condición de "autoridad" al ejecutarse los hechos.

Forcadell debía haber frenado los actos contrarios a la Constitución

Sobre los exparlamentarios, los Servicios Jurídicos del Estado inciden en que todos ellos "debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional y, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad".

Las iniciativas más relevantes tramitadas gracias a esos miembros de la Mesa fueron la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, según destaca esta parte, que no encuentra el requisito de violencia necesaria para acusar por rebelión a ninguno de ellos.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este viernes que la Abogacía General del Estado haya hecho "gestos" al independentismo con su decisión de no acusar de rebelión, sino solo de sedición y malversación, a los promotores del referéndum independentista del 1-O, y ha hecho hincapié en que sus criterios han sido exclusivamente jurídicos.

"No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Delgado ha alegado que, precisamente, ha habido mucho debate entre expertos jurídicos sobre los delitos de rebelión, sedición y desobediencia grave y que la Abogacía ha actuado solo "desde la profesionalidad". "No se trata de gestos", ha remachado.

Así, no ha querido valorar si esta toma de posición de la Abogacía puede ayudar a que los partidos independentistas apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.

"Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. De lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia", ha dicho Delgado que, además, ha señalado en varias ocasiones que las conclusiones que ha presentado este viernes la Abogacía son provisionales.