El auto de la jueza sobre los miembros del Govern cesado señala a una “desobediencia sistemática”

La jueza envía a la cárcel a Oriol Junqueras y ocho exconsellers. Para todos, prisión incondicional, menos para Santi Vila. Para él será eludible bajo una fianza de 50.000 euros.

La magistrada Carmen Lamela hace suyos los argumentos de la Fiscalía y habla de un plan urdido con un único objetivo: una hoja de ruta independentista plasmada sobre el papel.

“El documento contemplaba una única y exclusiva alternativa para Cataluña: su independencia”, dice textualmente el auto.

Un documento que detallaba todos los pasos ejecutados por el Govern en los dos últimos años, los cuales la jueza sitúa fuera de la ley.

“Se han venido desobedeciendo sucesiva, sistemática y frontalmente todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional”, sostiene.

Desobedecían, y pretendían, según el auto, que desobedecieran los ciudadanos: “Se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia a la autoridad legítima del Estado”, apunta.

Todo, para la jueza, indicios de un delito de rebelión, que conlleva una pena de hasta 30 años. La magistrada desoye aquí a los encausados, que niegan que hayan ejercido la violencia.

“Han señalado que no están de acuerdo con la violencia. Olvidan que consentían y apoyaban movilizaciones tumultuarias organizadas”, reza el escrito.

Y no sólo movilizaciones. La jueza argumenta que el Govern pretendía hacerse con el control de los Mossos d'Esquadra. 17.000 hombres armados, dice literalmente, con su potencial efecto intimidatorio.

Así, la magistrada alude a la gravedad de la pena para decidir la prisión incondicional, y pese a que ya no son consellers, en aplicación del 155, cree que pueden reiterar en el delito.

Además, ve también alta probabilidad de destrucción de pruebas y riesgo de fuga por la existencia, dice el auto, de un grupo organizado que puede ayudarles a salir del país, y por su alta capacidad económica.

Temen que imiten al president Puigdemont y cuatro exconsellers que, presuntamente, siguen en Bélgica.