Interior apuesta por la "ingeniería jurídica" si el TEDH deroga la 'Doctrina Parot'

"Se puede hacer ingeniería jurídica", ha declarado el ministro en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press cuando le han preguntado si España podría eludir de alguna manera la aplicación de la sentencia que se conocerá esta semana.

Sin embargo, ha añadido que "son los tribunales españoles y la Audiencia Nacional" los que deberán "interpretar y aplicar" la decisión que tome el Tribunal de Estrasburgo.

Fernández Díaz también ha indicado que "no hay ese automatismo" en función del cual la resolución europea se deba aplicar "a todos y cada uno de los internos" que están cumpliendo sentencias de acuerdo con la 'Doctrina Parot', por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica sobre cada una de ellas individualmente y no sobre el tiempo máximo legal de permanencia en prisión, que en España son 30 años.

¿Es igual un asesinato que 132?

El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, ha defendido este miércoles ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo que la doctrina Parot aplicada a la terrorista de ETA Inés del Río no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no ha supuesto alargar su pena.

En su alegato, España ha preguntado al tribunal si "¿es igual un asesinato que 132?" a la hora de calcular y aplicar los beneficios penitenciarios para un asesinato que para múltiples. Se refería a los 24 asesinatos consumados por la terrorista y a los 108 en grado de tentativa.

El abogado del Estado Isaac Salama ha defendido ante los 17 jueces que integran la Gran Sala del tribunal europeo de Estrasburgo que el derecho español desde 1970 deja de forma "bien clara" que la redención de penas por trabajo es "exclusivamente" para permitir el "adelantamiento" de su puesta en libertad.

Además, ha subrayado que en el caso de Inés del Rio su condena "no se ha prolongado ni un sólo día la pena impuesta a la demandante" ni tampoco "el límite" de cumplimiento de la pena, de un máximo de 30 años.

Salama ha dejado claro que si España hubiera aplicado de forma retroactiva la doctrina Parot a la miembro de ETA habría tenido que cumplir el "máximo de 40 años" de pena que fija el actual Cógido Penal y no sobre los 30 que debe cumplir y ha reclamado al tribunal que revoque la sentencia de la Tercera Sección del tribunal que el 10 de julio condenó a España por vulnerar los artículo 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.