El Gobierno ha aprobado hoy el reparto de menores migrantes tras un acuerdo con Junts, una reforma que el Ejecutivo no conseguía sacar adelante. En ese pacto, según el partido de Carles Puigdemont, Cataluña tendrá que acoger a unos 20 o 30 menores migrantes mientras que Madrid deberá alojar a unos 700. Y su argumento es que ya han acogido a más de los que les corresponde por comunidad, según informa Carlota Núñez.

El Gobierno ha pedido que sean las comunidades las que aporten los datos reales sobre los menores migrantes recogidos y así ver el esfuerzo real que hace cada autonomía. El Ejecutivo ha dado de plazo hasta el 31 de marzo. Después, en base a esos datos, se realizará el reparto siguiendo los criterios de población, la renta, la tasa de paro y el número de migrantes acogidos.

Si nos centramos en los datos del último año, Canarias con 3.500 jóvenes y Cataluña con más de 2.300 son los que más menores tienen en sus centros. Seguidas a cierta distancia de Madrid, Andalucía y el País Vasco. En la cola de la tabla están Castilla- La Mancha con 84 menores y La Rioja con nueve. Estos son los datos que han comunicado a distintos medios las propias comunidades. El ministro de Política Territorial y Administración Pública de España, Ángel Víctor Torres, ya aseguró que no se sabe exactamente el número de menores que acoge a cada comunidad.

El Gobierno ha puesto una fecha tope para aclarar estos datos con las comunidades y ha puesto en marcha un acuerdo. Junts tumbó en verano la reforma de la Ley de Extranjería, pero ahora da su visto bueno. Tras meses de negociaciones, el Gobierno ha aprobado el reparto de menores migrante a través de un decreto que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados. Esta vez, los independentistas votarán a favor.

El partido de Puigdemont ha presumido de que el reparto se realizará entre las comunidades que hasta ahora no han acogido o han hecho menos esfuerzo. Y dan una cifra: de los 4.000 que hay que repartir, a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700. La respuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido inmediata.

Ayuso ha recalcado que este acuerdo se llevará a tribunales y a la Unión Europea y ha avisado que califica de lastre la política migratoria del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias", ha subrayado.

Así, ha denunciado que se usa a los menores como arma política: "Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada". El rechazo frontal ha sido de todo el Partido Popular mientras que, desde Podemos, han destacado que esta reforma solo es "un parche". "Esto es un parche que no va al corazón del problema de política migratoria que tenemos en España, que, insisto, adolece de un problema de racismo institucional muy serio", ha indicado Ione Belarra, secretaria general del partido. Eso sí, Canarias espera ansiosa este reparto que podrá mejorar la presión migratoria que padecen en sus centros de menores.

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