Comienza el juicio contra Luis Medina y Alberto Luceño por el caso mascarillas. Ambos están acusados de estafa y de enriquecerse ilegalmente durante lo peor de la pandemia. Según informa Diego Arce en el vídeo, los empresarios se habrían embolsado hasta 6 millones de euros, un dinero que habrían utilizado para adquirir bienes de lujo, desde coches, relojes e, incluso, un yate. La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Medina y quince para Luceño. Este último ha asegurado a la entrada del juzgado que está muy tranquilo. Las defensas de ambos han aportado pruebas donde se acreditaría que el Ayuntamiento de Madrid no se sintió estafado, algo que la Fiscalía ha rechazado.

En el mes de marzo de 2020 el país estaba sumido en la peor pandemia de su historia reciente, es entonces cuando dos empresarios se ofrecen para conseguir lo imposible: mascarillas, guantes y material sanitario. Entonces eran héroes, incluso querían una medalla. Ahora, casi cinco años después, arranca el juicio contra ellos: Luis Medina y Alberto Luceño. La Justicia les acusa de estafar a la Administración con comisiones millonarias.

Según la Fiscalía, Medina y Luceño inflaron el precio de las mascarillas en seis millones de euros. La factura pagada por el Ayuntamiento de Madrid fue la más cara de toda la pandemia. El alcalde, José Luis Martínez -Almeida, explicó que “se eligió esta empresa, sencillamente, porque garantizaba material de calidad y porque garantizaba que estaba en Madrid en 20 días”.

En esta primera sesión del juicio, las defensas de los comisionistas han aportado una nueva prueba para demostrar que el Ayuntamiento de Madrid no se sintió "en absoluto estafado" en la operación de compraventa de material sanitario y cuyo sobreprecio les ha llevado al banquillo de los acusados por delitos de estafa y falsedad.

En las cuestiones previas, el abogado José Antonio Choclán, defensa de Luis Medina, ha detallado que se ha aportado escrito en el que se transcriben audios de conversaciones que datan de marzo de 2020 entre su cliente y la excoordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid Elena Collado.

Collado fue la funcionaria que intervino en la operación de compraventa del material, que se materializó en tres contratos de emergencias licitados por la empresa municipal Funeraria. En concreto, uno de los audios muestra cómo Medina indica a la alto cargo municipal cuál es el precio de fábrica de las mascarillas y guantes ofrecidos, que era dos euros.

Sobre esta cuestión, el fiscal se ha opuesto a la prueba al considerar que no hay garantías de su autenticidad y ha dicho que le parece "raro" que no se haya aportado hasta ayer por la tarde. Si se admite, solicita que Collado traiga copia de los mensajes para que se puedan cotejar.

En su turno, el letrado de Luceño ha solicitado a la Sala incorporar como prueba documental los audios y WhatsApp aportados la semana pasada que muestran las felicitaciones de la Alcaldía hacia su cliente y su socio en la operación, lo que a su juicio muestra que "el Ayuntamiento no se sentía en absoluto estafado".

En su turno, el abogado que representa al PSOE ha solicitado que declaren como testigos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que detallen el alcance de la supuesta estafa de la que fue objeto el Ayuntamiento de Madrid en aquella época y en las que hubo cartas de recomendación a las autoridades malayas por parte del Consistorio y otra de agradecimiento a los procesados por la donación de más de 238.000 mascarillas a la ciudad de Madrid.

Al igual que la representación legal del Ayuntamiento de Madrid, el fiscal se ha mostrado contrario a que Almeida testifique porque se ha probado que no participó en las negociaciones y al considerar que en la carta en las que les avalaba no engañó a nadie, por lo que ha tachado la solicitud de "impertinente" al igual que la petición de comparecencia de Hidalgo.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Luceño se quedó con cinco millones con los que adquirió una casa, coches de alta gama y relojes de lujo), mientras que Medina obtuvo un millón, con el que adquirió un yate.

El juez Adolfo Carretero acusó tras la instrucción a Luceño de un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita en su escrito de acusación una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.

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