El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaró este miércoles ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Negó que filtrara el correo por el que la abogacía de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, proponía un pacto a la Fiscalía para evitar la entrada en prisión. Así las cosas, ¿es posible que García Ortiz sea procesado por la causa?
Risto Mejide le ha cuestionado dicha pregunta al presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín. La organización considera que "desde el primer momento no hay ningún elemento, más que sospechas y conjeturas". Por lo tanto, aclara que "eso no puede servir de base para abrir un procedimiento penal a una persona".
Martín ha querido incidir en 'Todo es Mentira' que sus declaración son puramente "jurídicas". En nombre de su organización -de la que ha sido elegido recientemente como presidente-, explica que "la completa declaración que ayer hizo el fiscal general del Estado introduce datos, elementos, contraindicios evidencian que no hay ningún elemento para poder seguir el procedimiento penal".
Califica además de "despropósito" la situación jurídica en la que se encuentra en estos momentos García Ortiz y subraya que el jefe del ministerio público no es el único que está en el punto de mira. "Aquí nos encontramos con que, aparte del fiscal general, se investiga a la fiscal jefa de Madrid y la teniente fiscal de la secretaría técnica, tres profesionales que se están viendo abocados a esto", puntualiza.
Mejide le ha preguntado al fiscal -conocido sobre todo por su labor como fiscal del caso del crimen de la Guardia Urbana- sobre los cambios de teléfono del fiscal general. Recordemos que la UCO concluyó en un informe que Álvaro García Ortiz cambió de móvil una semana después de que el supremo le encausara. "Es bastante razonable que cambie de teléfono cuando un señor, que es la máxima autoridad de la fiscalía, creo que informó que le habían dado 300 acciones de cuenta o más de asuntos que incluso afecten a la autoridad del Estado". señala Félix Martín.