Un anteproyecto de ley pretende reformar por primera vez en 40 años el acceso a la carrera judicial y fiscal. El propio ministro Félix Bolaños, daba algunas pistas y señalaba que la prueba oral iba a tener menos peso y que se iba a hacer una prueba por escrito donde los futuros jueces y fiscales se tenían que poner a prueba con casos simulados.

"Es un paso de gigantes en la modernización de la justicia de nuestro país. Son mayor número de jueces, mayor número de fiscales y mayores oportunidades de proyección profesional", afirmaba Bolaños en el Congreso.

Las asociaciones de jueces ya han mostrado su queja ante esta reforma planteada y han reaccionado diciendo que todo esto estaba ya precocinado y aseguran que va a dificultar el acceso a personas con pocos recursos.

El principal objetivo del Gobierno es que opten a la carrera judicial un mayor número de personas y para conseguir eso, han planeado una serie de medidas. Hay que recordar, que la Ley Orgánica que regula el Poder Judicial es de 1985.

Como ya habíamos comentado, el punto clave es aumentar la cifra de jueces y fiscales. Para esto, como primera medida, quieren blindar las becas, es decir, que durante cuatro años todos los que estén opositando, reciban el salario mínimo interprofesional (1.134€/mes) y evitar que solo opositen las personas que tengan un alto poder adquisitivo.

Además de esa primera medida, existen otras tres medidas para contrarrestar las desigualdades sociales y que cualquier persona, independientemente del dinero del que disponga, pueda estudiar la carrera judicial.

Entre estas otras medidas, la limitación de la existencia del cuarto turno y garantizar el 25% de las plazas a quien no entren por oposición. Crear centros y academias públicas para preparar a los opositores y acabar con las ayudas privadas.