José Luis Ábalos contraataca y denuncia a la Guardia Civil por haber violado sus garantías judiciales, considera que la UCO le ha investigado siendo aforado y no podía hacerlo. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, el exministro hace referencia a unos seguimientos y a una correspondencia privada que constan en el informe que presentaron durante la investigación del caso Koldo. Además, ha reiterado que no ha obtenido ningún enriquecimiento ilícito.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que señala que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil interceptó su "correspondencia privada", siendo aforado como diputado, y subraya que con este hecho "de suma gravedad" se vulneró su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

En la denuncia Ábalos solicita amparo al Ministerio Público después de haber tenido conocimiento de unos hechos que considera "muy graves". El exministro recuerda que la UCO intervino el teléfono de su exasesor Koldo García y captó una conversación que mantuvieron ambos y por la que pudieron conocer que García le enviaría documentación que le había entregado previamente el ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Señala que esa documentación le iba a llega a través del hermano de Koldo García, Joseba García.

Indica que el 4 de noviembre de 2023 Joseba García quedó con él en Valencia, en su domicilio, y que previamente recogió esa documentación en Madrid de manos de Koldo García. Añade que entre Alicante y Valencia la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y tras un registro localizaron el sobre donde iba la documentación "el cual iba nominado en la parte delantera del mismo a nombre de José Luis Ábalos Meco". "En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA", explica en la denuncia.

El exministro subraya que los agentes del GAR procedieron a abrir el sobre "y a fotografiar toda la documentación que contenía". Y explica que en el mismo iba una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las ofertas de mascarillas para el covid19 con informes técnicos y responsables de las compras a la empresa de Soluciones de Gestión.

También incluía el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó en octubre de 2022 esos contratos de mascarillas, y la respuesta del Ministerio de Transportes de agosto de 2023 a la resolución del Consejo de Transparencia.

El exministro explica que tras el registro, la UCO siguió a Joseba García hasta su domicilio, vieron como entraba con ese sobre y como abandonaba poco después el edificio sin el mismo. Y resalta que le "tomaron fotografías a la salida", también de su coche para luego averiguar en bases de datos policiales la titularidad del mismo que figura a su nombre.

"Los hechos descritos en el apartado anterior son de suma gravedad, por cuanto, vulneran mi derecho fundamental a el secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación, y nunca consentí el que abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser Aforado) que motive la apertura de correspondencia", explica.

Añade que en este caso, "el bien constitucionalmente protegido es el secreto las comunicaciones amparado en el artículo 18.3 de la Constitución al garantizar secreto de las comunicaciones y, en especial, las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".

"Consecuentemente, la correspondencia privada solo puede ser abierta por terceras personas cuando exista de forma inequívoca el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial conforme a lo regulado en el artículo 579 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, conforme doctrina asentada por el Tribunal Supremo en su sentencia 2 junio 1997", recalca.

Y subraya que el GAR realizó "la apertura de la correspondencia privada dirigida a un aforado, sin tener en consideración la protección que la Constitución y la Ley procesal otorga a la apertura de la correspondencia privada del aforado".

Al hilo, explica que la gravedad del hecho radica en que "una investigación realizada a un aforado vulnerando un derecho fundamental (...) ha tenido la trascendencia" de imputarle graves delitos. "Por tanto, no se puede entender actuación arbitraria, realizada en la detención y que documentación de la cual yo era destinatario, en mi condición de aforado, como simplemente un daño colateral".

En una rueda de prensa desde el Congreso, el exministro socialista ha remarcado que, a pesar del "ruido", no está dispuesto a que esto sea "normal" y "asumible" en una democracia por mucho que "desagraden los personajes afectados".

"Es un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho porque es una investigación al margen de una autorización judicial", ha defendido para posteriormente insistir en que esta circunstancia se podría haber llevado acabo legalmente si se hubiese pedido su consentimiento o si un juez hubiese solicitado la apertura de esa documentación y ha recordado que "nada de esto ha ocurrido".

En la comparecencia en el Congreso ha criticado el acuerdo que a su juicio existe entre el Ministerio Fiscal y Víctor de Aldama. Se ha referido a él como "delincuente confeso", reprocha que no haya presentado indicios "serios" contra él y a pesar de todo la Fiscalía está dando crédito a su versión.

Ábalos considera que Aldama trató de incriminar a miembros del Gobierno y personas vinculadas al mismo para obtener la libertad y piensa que el presunto comisionista no se ha incriminado. "Si el delito no existe, pues al final uno no se ha autoacusado de nada", sostiene.

En todo caso asegura que no se ha enriquecido y sostiene que sus fuentes de ingresos son públicas y conocidas. "Todo el mundo sabe cómo vivo, los recursos que obtengo y cómo los obtengo". Asimismo alega que ha participado durante un tiempo en tertulias de televisión y por tanto ha mantenido una elevada exposición pública. A su juicio, eso demostraría que no tiene nada que esconder.

Ábalos insiste además en que no se amañaron contratos de obra pública, aunque este es un extremo que, según indica, no tiene que demostrar él sino la Justicia a través del Ministerio de Transportes. "No hay ningún apaño de nada", ha zanjado.

Finalmente, Ábalos ha vuelto a recriminar al PSOE la decisión de abrirle expediente de expulsión y exigirle que entregara su acta de diputado e insiste en que fue actuaron de modo preventivo y no acorde a sus propias normas internas, que no prevén esa medida hasta la apertura de juicio oral y ha insistido en que seguirá defendiendo su inocencia.

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