El Tribunal Supremo ha pedido al Congreso de los Diputados el suplicatorio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, porque ve indicios de cuatro delitos en el caso Koldo. La situación del diputado del Grupo Mixto -quien salió muy satisfecho de su declaración- se complica tras ser señalado por usar dos viviendas, una de ellas de lujo en el centro de Madrid, y ahora podrán investigar sus cuentas bancarias tras levantar su blindaje judicial.

Las investigaciones financieras son muy prospectivas porque todo puede ser susceptible de que haya sido pagado con dinero negro. Tras la petición del Supremo, se investigarán las cuentas anteriores, actuales y el patrimonio, por lo que queda un duro camino por delante. Ábalos va a intentar atacar la causa por un defecto de forma y va a alegar que fue investigado de forma injusta.

El empresario Víctor de Aldama sigue con su colaboración con la justicia. En el Supremo mantiene lo que ya dijo ante la Audiencia Nacional al señalar a Ábalos y a Koldo. Presentó documentos suficientes para que el juez vea indicios suficientes para investigar a Ábalos pero sigue sin haber una prueba que muestre que el exministro disfrutase de un enriquecimiento ilícito.

Koldo García es el cortafuegos, es decir, esa persona que Ábalos asegura que mantenía las relaciones y que, si cobraba dinero, lo hizo él. La versión que dio Koldo en el juzgado no ha gustado en su entorno porque no aportó pruebas suficientes de por qué aportaban 2.700 euros al mes por un alquiler carísimo a una persona del entorno de Ábalos.

El juez ha dictado un auto en el que recalca que la declaración de Ábalos “no se aviene” con los documentos y declaraciones que hay en el sumario. El magistrado sostiene que ve indicios de que pudo aprovecharse de su condición de ministro de Transportes para determinar la adjudicación de contratos sobre mascarillas a cambio de beneficios económicos.

El Tribunal Supremo recalca que “parece indiciariamente justificado” que se benefició del pago del alquiler de la vivienda de su novia en Madrid, del alquiler con opción a compra de un chalet en Cádiz y de un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el paseo de la Castellana de Madrid por un precio por debajo del mercado.

El juez sostiene que De Aldama aprovechó la relación personal que le unía con Koldo García y “habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L.”.

El magistrado destaca que Koldo García “intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización”. Y señala que Ábalos intervenía en esas operaciones “personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado”.

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