Cuando están a punto de cumplirse dos semanas de la trágica DANA que arrasó todo a su paso por Valencia, el Gobierno aprueba un segundo paquete de medidas para los afectados. Pedro Sánchez anunció un primer conjunto de ayudas valorado en 10.600 millones y, este lunes, se aprueba un "escudo laboral" para los afectados. Según informa Carlota Núñez en el vídeo se trata de 110 medidas, para las que cuenta con 3.765 millones de euros, que incluyen, entre otras, la extensión de las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían alquiladas.

El presidente del Gobierno ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros, que se ha celebrado de manera anticipada este lunes, para anunciar nuevas medidas y ayudas para los afectados por la DANA. Pedro Sánchez ha explicado que las medidas, que tienen como objetivo dar respuesta inmediata a la catástrofe y reconstruir las zonas afectadas, se aprueban con carácter de urgencia y, por tanto, van a entrar en vigor nada más sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "El Gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, está y estará con los valencianos y valencianas todo el tiempo que sea necesario", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Una de las medidas incluidas en este nuevo paquete es la extensión de las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas. "Por tanto, no solamente son los propietarios, sino también aquellos propietarios que vivían en esas viviendas, también aquellos propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas", ha señalado Sánchez.

También se han extendido las compensaciones por pérdidas en enseres a los inquilinos y a los bienes que no sean de primera necesidad.

Además, para que estas ayudas lleguen más rápido, se ha decidido realizar un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos que soliciten las ayudas. "Un anticipo del 50%, de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente", ha destacado el presidente.

También se ha extendido el Código de Buenas Prácticas Hipotecario, que se creó en 2022, para que los hogares golpeados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales. Una vez pasado este tiempo, si tuviera un riesgo de vulnerabilidad, ese hogar podrá acogerse al Código y pagar un importe de unos 300 euros durante 12 meses más.

Se han habilitado ya 150 viviendas de titularidad del Gobierno de España, que están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas para ponerlas a disposición de los afectados de manera gratuita e inmediata. También se va a destinar 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para las familias y los hogares damnificados.

Según ha informado Sánchez, hasta el momento hay 400 empresas que han solicitado ERTE de fuerza mayor para un total de 9.000 trabajadores. Además, más de 2.800 personas han pedido ayudas directas por daño a la vivienda o la pérdida de enseres y se han registrado unas 158.000 solicitudes al Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, de las que el 80% ya están en tramitación y las primeras han empezado a cobrarse.

Todas las medidas adoptadas la pasada semana, más las nuevas medidas aprobadas este lunes, permitirán a 400.000 trabajadores mantener sus ingresos, y ayudarán a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir sus necesidades más básicas.

El Gobierno ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a distribuir 50 millones de euros entre los municipios afectados por la DANA a través de una concesión directa de subvenciones para financiar la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

"Todo el escudo social y también el escudo laboral que estamos creando, va a ayudar a hasta 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad económica y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas", ha destacado Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros.

Del escudo laboral forman parte los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) vigentes desde la reforma laboral. A ellos podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por el temporal.

"La semana pasada activamos ya los ERTE de fuerza mayor, que se aplicarán de forma retroactiva en las zonas afectadas. Y hoy hemos decidido reforzar esos ERTE, ampliando su aplicación a todas las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores y trabajadoras, que, aunque no estén localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA", ha explicado Sánchez.

Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la DANA tienen derecho a una prestación contributiva, del 70% de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización y que tampoco consume periodos cotizados. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025.

El escudo laboral incluye, como novedad, permisos retribuidos, con el 100% del salario, a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas.

Estos permisos, que no implicarán pérdida de cotizaciones, serán sufragados por las empresas, que podrán estar o no acogidas a un ERTE, y tendrán plazos indeterminados (no se tasarán los días de permiso), salvo en el caso del permiso por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días a contar desde que se produzca el sepelio.

Las causas por las que los trabajadores podrán acogerse a estos permisos son diversas. Así, podrán acceder a ellos los trabajadores que no puedan desplazarse a su trabajo si el desplazamiento supone un peligro para su seguridad y salud o interfiera en las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

También será posible cobrar un permiso retribuido cuando los trabajadores tengan que atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos; cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir al trabajo, o cuando no sea posible el trabajo a distancia por falta de dispositivos o cobertura.

En todos estos supuestos, todos los trabajadores podrán ausentarse de su puesto y acogerse a estos permisos retribuidos no recuperables. Además, se considerarán justificadas las faltas de puntualidad o las interrupciones de la jornada laboral que se deriven de las mismas.

El escudo laboral al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros incluye además una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, del 70% de la base reguladora, sin periodo de carencia (es decir, sin necesidad de reunir un periodo mínimo de cotización) y sin consumo de cotizaciones. Además, se simplifican las causas para poder acceder a esta prestación, por ejemplo, en el caso de que el empleador muera, esté desaparecido o no tenga domicilio.

Las medidas aprobadas contemplan que las empresas beneficiarias de las ayudas directas por la DANA no podrán despedir por fuerza mayor o ETOP, y el despido sería considerado nulo. La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, por causas relativas a la DANA, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.

Como se hizo en pandemia, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un plan, denominado 'Plan Mecuida', que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares.

El 'Plan Mecuida' contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada, incluso hasta el 100% de la misma. Según fuentes del Ejecutivo, estos derechos de conciliación se configuran como individuales.

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