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La Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a José Luis Ábalos, la única manera de que sea imputado. El juez Ismael Moreno considera que hay indicios serios y fundados del papel principal del exministro en la trama corrupta. Según informan Isabel Sanz y Diego Arce en el vídeo, le atribuye, entre otros, un delito de pertenencia a organización criminal, la que presuntamente creó Víctor de Aldama para lucrarse con la venta de mascarillas a las administraciones públicas en lo peor de la pandemia.
En la exposición razonada remitida a la Sala Segunda del alto tribunal el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 asegura que de lo investigado "se desprende la existencia de indicios fundados y serios, una imputación clara y concreta o apoyo probatorio que evidencia la presunta participación de Ábalos" en los hechos.
El juez Moreno apunta a la presunta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal "en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado creado" por el empresario Víctor de Aldama "para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas".
El magistrado también señala a Ábalos por un delito de tráfico de influencias "en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa", la empresa clave de la trama, "así como para la contratación por parte de dos empresas públicas", como INECO y TRAGSATEC.
En último lugar, el juez de la Audiencia Nacional considera que Ábalos habría cometido un delito de cohecho "en tanto que en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro le fue proporcionado el uso y disfrute" de un chalet en 'La Alcaidesa' y de la vivienda situada en el Edificio Torre en Madrid en el que residió su expareja Jessica Rodríguez.
El magistrado ha remitido la totalidad de la causa al Tribunal Supremo, el competente para investigar si así lo considera a Ábalos por su condición de aforado al ser miembro del Congreso de los Diputados. El alto tribunal podría decidir quedarse con lo relativo al exministro y devolver al juez el resto de la investigación.
En su resolución, el juez apunta la "existencia de una organización criminal" que se concertó "para conseguir la adjudicación de los contratos", unos cobros obtenidos por Koldo García "para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos consecuencia de las irregulares adjudicaciones".
El magistrado recuerda que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y que permitió poner al descubierto la relación privilegiada del empresario Víctor de Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García, en aquel momento asesor del ministro.
Como patrón general de comportamiento, sostiene el juez, Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo 10.000 euros al mes para así prevalerse de la influencia de Ábalos, que actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas.
"Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos. Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos a la compra del chalet de 'La Alcaidesa', así como el pago a través de personas vinculada a Aldama del alquiler de un piso que disfrutaba la mujer con la que el ministro mantenía una relación", desgrana el magistrado.
Estas contraprestaciones, según la resolución, "tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama".
"Así, esta acción corruptora llevaba a cabo por Aldama, le permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación", continúa el juez.
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