La negociación que mantiene el Gobierno con Junts tiene mucho que ver con los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils que ocurrieron hace 7 años. El Ejecutivo está dispuesto a desclasificar la documentación relativa a los atentados que pueda obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque reitera que el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques terroristas.

Así lo aseguran fuentes gubernamentales ante la reactivación de la comisión de investigación del Congreso relativa a esos atentados, donde se da por hecho que algunos grupos pedirán poder consultar la información sobre este asunto que se custodie en el centro que dirige Esperanza Casteleiro.

El PSOE y Junts están negociando un acuerdo sobre el plan de trabajo de este órgano que se creó el pasado mes de febrero, pero que aún no ha empezado a trabajar.

Esta comisión, como las que versan sobre la 'Operación Cataluña' y el espionaje con el programa Pegasus, nacieron en virtud del pacto que el PSOE alcanzó con ERC y Junts en agosto de 2023 para que hubiera mayoría progresista en la Mesa del Congreso.

Ninguna de las tres ha arrancado, y ahora los grupos han decidido intentar empezar las pesquisas sobre la de los ataques terroristas y la 'Operación Cataluña', pero en ambos casos debe aprobarse un plan de trabajo, y en, el caso de la segunda, también las comparecencias que se van a solicitar. Con este objetivo se reunirán este jueves la dos comisiones.

Esquerra y Junts quieren centrar la investigación sobre los atentados en escudriñar el papel del CNI y la relación que tenía con el centro el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los "fallos de coordinación" que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el 'cerebro' de la masacre.

Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar (Barcelona) el 16 de agosto, un incidente que, según la sentencia dictada tras el juicio por estos hechos, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar con el atropello masivo que tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona al día siguiente y en ataque llevado a cabo en Cambrils ya el día 18. En total fueron asesinadas 16 personas.

La explosión de Alcanar fue investigada por los Mossos d'Esquadra, que entonces dependían del Govern independentista que presidía Carles Puigdemont, pero en esas primeras horas no se trató como una explosión terrorista, sino como un accidente por acumulación de bombonas de butano. Los planes de los socios del Gobierno no inciden en eso y optan por centrarse en apuntar contra el CNI.

Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un "susto" al Gobierno independentista catalán, dado que el espionaje español había mantenido contactos con Es Satty mientras había estado en prisión.

Según su tesis, esos atentados habrían sido un "error" de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible "comando ficticio" para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll.

El CNI señaló desde el primer momento que se contactó con el imán "siguiendo los protocolos" cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, pero recalcó que Es Satty en ningún caso fue un confidente.

En este contexto, desde el Gobierno remarcan que el CNI no tuvo nada que ver con esos atentados e incluso ponen en duda que custodie algún documento de los mismos más allá de algún dato sobre el seguimiento de los ataques. En todo caso, subrayan que no van a poner ningún impedimento a cualquier desclasificación.

El plan de trabajo en el que trabajan el PSOE y Junts ya podría especificar las fórmulas puede utilizar la comisión para acceder a información ahora clasificada. Una vía puede ser que el Gobierno desclasifique determinados documentos y otra que sea la comisión de secretos oficiales de la Cámara la que analice cierta información clasificada.

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