Después de cinco años de bloqueo, el Tribunal Supremo ha acogido la apertura del año judicial con normalidad. Un acto solemne presidido por el rey Felipe VI en el que han intervenido tanto el fiscal general del estado como la nueva presidenta del CGPJ. Álvaro García Ortiz ha realizado un discurso cargado de mensajes, mientras Isabel Perelló ha exigido respeto para el trabajo de los jueces.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada.

"Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular", ha dicho García Ortiz. Aunque no lo ha mencionado expresamente, ha hecho estas declaraciones en el contexto del 'caso Begoña Gómez', iniciado a raíz de una denuncia de Manos Limpias en ejercicio de la acción popular.

El jefe del Ministerio Público ha indicado que "la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".

Para García Ortiz, "hemos llegado a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular", de modo que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él".

"Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", ha sostenido.

En este sentido, ha advertido de que "la mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel", dado que "no solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades", sino que "también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".

En concreto, se ha detenido en "la figura del juez de instrucción", para afirmar que, si bien fue "concebida en su momento como un necesario y poderoso instrumento de investigación", "no puede extender sus competencias al conocimiento pleno y al control absoluto del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico".

La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha dicho en su primer discurso desde que tomó posesión del cargo que "en esta nueva etapa que hoy se inicia quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan", ha dicho en su primer discurso desde su llegada al cargo.

Perelló ha querido dejar claro que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico". "Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estados de derecho, de ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que, si bien "las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica", "las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto", por lo que ha pedido "evitar ataques injustificados".

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