Podemos pide que el Gobierno rompa los acuerdos con el Partido Popular, relacionados con el Consejo General del Poder Judicial, tras filtrarse los documentos que investiga la Audiencia Nacional. El objetivo del juez Santiago Pedraz es concluir si el Ministerio del Interior -que dirigía Jorge Fernández Díaz- en el Ejecutivo de Mariano Rajoy echó mano de la llamada 'Policía patriótica' para buscar datos comprometedores de la formación morada.

Para la formación morada, esta noticia “es una muestra más de la cacería política, policial, judicial y mediática del PP para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno”. El partido asegura que este rastreo masivo fue “orquestado por altos mandos del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy" y que "se produjo sin amparo judicial y de forma prospectiva”.

Nos remontamos a septiembre de 2015. Mientras Podemos se preparaba para sus primeras elecciones generales a finales de año, el Ministerio de Interior de Mariano Rajoy les buscaba trapos sucios. Y para llevarlo a cabo, el secretario de Estado y de Seguridad usaba a la mano derecha de José Manuel Villarejo, el comisario Enrique García Castaño.

“Ya tengo los papelitos de Pedro Manuel”, le escribe Enrique García. “¿Pero tiene chicha?”, le responde Francisco Martínez. “Lo que hay es suficiente para montarle un escándalo aunque diga que todo es legal. Este paria, ¿Cómo ha vivido? ¿Por qué tanto dinero? ¿Quién les ha subvencionado? ¿Con qué fin? La conclusión que pinta es que irán en esta movida, país amigo de Venezuela, una bronca cojonuda”, afirma el comisario Enrique. Todos estos mensajes están en la querella de Podemos en la Audiencia Nacional junto a su insistencia de buscar elementos dañinos contra los 69 diputados electos ya en 2016.

Para no dejar rastro, Enrique García encargaba a otros agentes que buscaran información. Asuntos Internos ha encontrado cientos de búsquedas desde ordenadores policiales sobre 55 de esos diputados y que, en principio, no tenían autorización judicial. No solo de Podemos, sino también de su entorno. El nombre de Ione Belarra se buscó 14 veces, el de Yolanda Díaz 402, el de Íñigo Errejón 16 -al igual que el de Joan Baldoví- y el de Pablo Iglesias 122.

"Se han cruzado todas las líneas rojas de lo que tiene que ser una democracia sana", apunta Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Corts Valencianes. El juez Santiago Pedraz ya tiene toda la documentación y ha preguntado a la Fiscalía si ve delito de espionaje. Mientras, Podemos vuelve a reclamar a los socialistas que se descuelguen del acuerdo suscrito con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el poder judicial.

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