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Son 354 investigaciones judiciales en total, que abarcan desde delitos de terrorismo hasta expedientes por pequeños actos de protesta. Según informa Dani Montero, este es el mapa de la amnistía, el listado completo de las investigaciones judiciales que, tanto el bloque independentista como los negociadores del PSOE, manejaron para acotar el alcance de la Amnistía aprobada para Cataluña.
Según las fuentes consultadas por Noticias Cuatro, los datos fueron aportados por la Fiscalía General del Estado y abarcan desde las dos investigaciones principales arrancadas por el Tribunal Supremo, hasta las más de 300 causas repartidas por toda la red de juzgados de instrucción de Cataluña. Cuando la Amnistía fue aprobada, el Ejecutivo estimó que el alcalde de los beneficiados sería de 372 personas. Sin embargo, las cifras fueron rebatidas por el bloque independentista, que elevó el dato a las 1.400 personas.
El listado manejado por ambos para cerrar la amnistía acerca más la cifra a la aportada por el bloque independentista, ya que hay 354 sumarios contemplados, pero varios de ellos son causas en las que están encartados medio centenar de investigados. Es el caso por ejemplo de la investigación que se sigue en los juzgados de Barcelona contra 46 agentes de la Policía Nacional, que están a la espera de juicio.
En cualquier caso, cabe matizar que el documento al que ha accedido este portal enumera las causas que tendrían vinculación directa con el llamado procés independentista, pero luego serán los tribunales los que decidan si cada una de ellas encaja en los requisitos determinados por la Ley de Amnistía.
Por fechas, la Ley de Amnistía aprobada abarca hechos ocurridos desde el 1 de noviembre de 2011. Aunque se supone que debe amnistiar actos preparativos del referéndum declarado ilegal del 9 de noviembre de 2014, el texto aprobado considera que esas labores arrancaron mucho antes, en 2011. Sin embargo, en el listado de causas judiciales que manejaban los negociadores, no hay ninguna abierta entes de 2015.
La ampliación de estas fechas parece, por tanto, una estimación preventiva, pensando en las posibles investigaciones que pudieran no estar prescritas por la vía administrativa o del Tribunal de Cuentas, más que para cuestiones penales. Por otro lado, la fecha límite para optar a la amnistía es el 13 de noviembre de 2023, día del debate de investidura de Sánchez y del pacto de Gobierno con el independentismo.
Con este marco temporal, hay varios datos importantes. El primero es que los procedimientos más antiguos que tiene anotados la Fiscalía General del Estado son de 2015, los tiene la Audiencia Nacional y los llevó el juez Ismael Moreno. Son procedimientos que investigaban los pronunciamientos realizados por muchos ayuntamientos catalanes en favor de la decisión del Parlament de realizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. La reacción de los tribunales no fue inmediata y por eso los sumarios de la Audiencia Nacional se abrieron ya en 2015, pese a que la consulta ilegal fue varios meses antes. En esos dos expedientes, Ismael Moreno pidió por ejemplo la detención del concejal de Vic Juan Coma, investigado por incitación a la sedición.
En 2016 hay solo otros dos procedimientos judiciales abiertos que entrarían en la amnistía, según el documento consultado. Uno de ellos, seguido en el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investigaba al llamado Cesicat; o lo que es lo mismo, el intento de creación de un servicio de inteligencia independentista, pagado con fondos públicos. El otro procedimiento es la condena a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta ilegal, que fue confirmada por el Supremo.
Sin embargo en 2017 se produce un estallido de procedimientos, 137. Hay una primera conclusión y es que los tribunales españoles ya trabajan más rápido frente al desafío independentista. La DUI declarada por la Generalitat se produce en noviembre de ese año y en ese momento hay ya un centenar de procedimientos esparcidos por toda Cataluña, al contrato de lo que sucedió en 2015 con el 9-N. Muchos de esos expedientes son el resultado de la Operación Anubis contra la llegada de las urnas y la organización del referéndum.
Ese mismo año se abre en la Audiencia Nacional y se traslada al Supremo la gran causa que terminó con Oriol Junqueras y la cúpula de la Generalitat condenados por el 1-O, además de cuatro causas distintas de la Audiencia Nacional. Por su parte, el TSJ de Cataluña abrió también unas diligencias contra la Federación Catalana de Municipios y sus responsables, que son una de las más nutridas por el número de investigados.
Los juzgados de Gavá, por ejemplo, tienen siete procedimientos distintos abiertos en esas fechas. Fue uno de los puntos donde las protestas fueron más duras. Se acusó a los agentes de haber dejado 893 heridos. En El Vendrell, un juzgado abrió diligencias esos días a varios agentes de la Policía Autonómica. Los agentes fueron investigados pero el juez archivó el procedimiento en 2020 ante la pasividad de la Fiscalía.
En esa fecha se abre otra de las causas más sensibles para el Gobierno, instruida por el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona: ese proceso tiene 28 piezas separadas abiertas, una por cada colegio electoral donde cargaron los agentes de CNP. Ha llegado a tener más de 100 investigados. En febrero de 2024 se acabaron los recursos y van 46 policías a juicio.
En 2018 hay 43 procedimientos abiertos, tres veces menos. En esos 12 meses se formaliza la investigación contra Trapero, que es la única de las investigaciones del 1-0 que se queda en la Audiencia Nacional. Se abren otras tres causas en la Audiencia Nacional vinculadas con el independentismo, varias de ellas son la resaca de los movimientos del 1-O
Sin embargo la cifra sube de nuevo en 2019: hay 70 sumarios nuevos. El aumento coincide con la publicación de la sentencia del Supremo sobre el juicio a los líderes independentistas. Como ejemplo, los juzgados de Figueres abren una investigación contra 14 personas por los cortes de la AP-7 en La Junquera, organizado por Tsunami Democrátic. Se abre la investigación en el TSJ Cataluña que terminó con la condena por desobediencia de Quim Torra, que se negó a retirar los lazos amarillos. El Juzgado de Instrucción número seis abre cinco causas distintas vinculadas con los disturbios en el aeropuerto de El Prat, que tiene ya condenas firmes. Además hay 10 diligencias abiertas en Olot por el corte de la N-260, siete investigaciones distintas en Lleida (tres de ellas son de menores) y otros cuatro expedientes ese año que afectan a menores en Girona.
Como complemento, se abrió ese año la investigación con la petición de pena más dura para los disturbios en Cataluña, fueron 14 años para uno de los protagonistas de lo que se llamó la batalla de Urquinaona, o lo que es lo mismo, los disturbios más duros que se produjeron en Barcelona durante todo el procés independentista. El acusado fue condenado finalmente en 2023 a siete años y también será amnistiado si se cumplen las previsiones.
En 2020 la cifra vuelve a bajar, se abren 40 procedimientos, cinco de ellos son nuevas diligencias sobre protestas en el aeropuerto de El Prat, que instruye el Juzgado de Instrucción 5 de allí. En 2021 se inician 36 y en 2022 16. En 2023, último año de vigencia de la amnistía, se abren solo 14 según este compendio. El último procedimiento que entra por fechas es la detención de cuatro personas acusadas de presuntos delitos de terrorismo en Solsona, al intentar boicotear con bidones de aceite el paso de la Vuelta Ciclista a España.