El Gobierno pone el foco en la prostitución, un tema que divide al movimiento feminista. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado un proyecto de ley para abolirla con ciertos matices, según informa en el vídeo Marta Aguirregomezcorta, Laura Queijero y Eduardo Quintela. Se calcula que en España hay entre 45.000 y 150.000 personas, sobre todo mujeres, que están ejerciendo.

La prostitución es un negocio que en nuestro país supone el 0,35% del PIB con 4.210 millones de euros. Según los últimos datos del CIS, el 32,1% de los hombres paga o ha pagado por tener relaciones sexuales. El 61% de las mujeres piensa que es inaceptable y el 53% de ellos también lo cree.

La propuesta socialista, para abolir la prostitución en España, se presentará la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Se trata de una norma que pone a los proxenetas y a los lugares de alterne en el punto de mira. No penalizará a las personas que la ejerzan ni perseguirá a los clientes. La ley supone tres modificaciones del Código Penal.

Los cambios se basan en ampliar el tipo penal del proxenetismo, castigar a los prostíbulos y penalizar cualquier movimiento que impulse o se lucre de manera sistemática: quien organice una red o alquile un local. “Todo lo que sea perseguir el beneficio de la prostitución es positivo”, afirma Ana García Costas, faraxa por la abolición de la prostitución.

En nuestro país la prostitución no está regulada con una ley concreta, aunque el proxenetismo es ilegal. “Es uno de los negocios ilícitos que se dan en el mundo”, sostiene Daniel Bóveda, de la ONG ACCEM Galicia.

Este tipo de negocio divide al movimiento feminista en sectores que abogan por una regulación, por verlo como una profesión más, y otros que son más proclives en su erradicación por entenderlo como una forma de opresión hacia las mujeres que se aprovecha de su situación económica.