Fue el 15 de febrero de 2021 cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil grabaron la reunión. De un lado, se sentaba a la mesa Koldo García Izaguirre, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Al otro lado, estaba el empresario Juan Carlos Cueto Martín, el hombre que tres años antes había surtido de mascarillas al ministerio de Transportes cobrando más de 40 millones de euros en contratos. 

Los agentes grabaron aquella reunión y escucharon la conversación con detalle. De hecho, investigaban desde hacía casi un año a los dos objetivos con la sospecha de que se habían repartido comisiones de esos encargos millonarios. Sabían que la cita era importante porque en esas mismas fechas, otro de los empresarios, Víctor Gonzalo de Aldama, tenía que comparecer ante Hacienda para dar explicaciones sobre el dinero que había cobrado de esos mismos contratos. 

Los investigadores llevaban semanas escuchando conversaciones y confirmando que sus principales objetivos estaban alborotados. Hablaban de movimientos, de comisiones, de medidas de precaución y de estrategias para explicar ante Hacienda la cantidad de dinero que había cobrado cada uno del negocio. Y mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil tomaban nota.

De hecho, la declaración de Víctor Aldama ante la ONIF ha servido para vincularle directamente con las gestiones ante el Ministerio de Turismo, y sobre todo para avalar que fue él quien propuso el negocio de las mascarillas a Juan Carlos Cueto tras tener conocimiento de que la cartera de José Luis Ábalos preparaba un contrato millonario. En ese momento la experiencia de ambos en la compra de mascarillas sanitarias era presuntamente nula. 

Además, los investigados entregaron a Hacienda una larga lista de correos electrónicos para acreditar sus trabajos frente al Ministerio de Transportes. En uno de esos correos aparece como incluido el copia el propio Koldo García, que para la Fiscalía no tenía relación aparente con el contrato. Ese documento ha servido también para señalar su intervención con los empresarios y para vincular a Aldama con el grupo financiero que controla Juan Carlos Cueto.

En suma, otro de los correos entregados por Aldama a Hacienda acredita que recurrió al hombre de confianza de Ábalos para intentar agilizar las labores de compra de otro laboratorio, que por ahora no se encuentra investigado en la causa. Sin embargo la querella de la Fiscalía hace referencia al documento y lo emplea para acreditar la relación entre ambos y el uso que Aldama hacía presuntamente de la relación con Koldo García como facilitador. 

Según ha podido confirmar este portal, la información contable aportada por la ONIF ha servido para trazar el destino que los 15 millones de euros que presuntamente se repartieron los investigados,  para acreditar la estructura de todas las sociedades participantes en la trama, para investigar el patrimonio de los principales sospechosos y para conocer los ingresos en efectivo llegados a las cuentas de Koldo García y sus allegados.

Como muestra de la discreción, el 25 de enero de 2022, hace dos años, los inspectores de Hacienda escribieron a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, para preguntar por  el expediente  20V0196, entregado también a dedo a los empresarios investigados. El ministerio contestó entonces a Hacienda que la elección de la empresa  “fue porque desde el Ministerio de Interior se tuvo conocimiento de que el Ministerio de Fomento habría logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento para los organismos de él dependientes”. La comunicación remitida al fisco para la investigación tributaria fue entregada también a la Fiscalía, que armó con ella la querella que ha lanzado las detenciones de la Operación Delorme.

De hecho, la Fiscalía ha detectado incluso tras analizar el expediente fiscal que no hay comunicación previa entre la empresa y el Ministerio del Interior, por lo que supone que ese contacto se realizó de forma extraoficial: “De la documentación aportada en los requerimientos efectuados a los distintos organismos no se deja claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del resto de contratos. Además, no se aportaron comunicaciones entre los órganos de contratación y la empresa investigada que pudieran justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas”.