El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 que persigue la creación de 2,9 millones de contratos indefinidos para jóvenes y una reducción de diez puntos en su tasa de paro durante sus tres años de vigencia, lo que supondría sacar del desempleo a casi 170.000 jóvenes menores de 25 años.

En concreto, el plan propone el nombramiento de 3.000 funcionarios interinos por un máximo de 18 meses, cuyo perfil profesional se acordará en la primera Conferencia Sectorial tras la aprobación del plan. Una parte importante de estos funcionarios proporcionarán atención individualizada a los jóvenes y realizarán un seguimiento de su itinerario de inserción.

Junto a estos 3.000 orientadores, se dará apoyo a la red SIJ-Injuve mediante la incorporación de 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas del plan y de los servicios que ofrecen las oficinas públicas de empleo y otros agentes del mercado laboral.

Los objetivos de este plan de choque pasan, entre otros, por establecer un marco laboral de empleo de calidad; dotar a los jóvenes de más competencias profesionales; proporcionarles una atención adecuada e individualizada; darles formación específica en igualdad de oportunidades, y combatir el efecto desánimo, y todo ello prestando especial atención a colectivos especialmente vulnerables como migrantes, parados de larga duración, personas que abandonaron la escuela y personas con discapacidad.

A la finalización de este plan en 2021, las metas que se han fijado Gobierno, sindicatos y empresarios son las de haber conseguido reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% (ahora es un 33%) disminuyendo en 168.000 el número de parados menores de 25 años, y elevar la tasa de actividad hasta el 73,5% en la franja de 20 a 29 años (58,7% en la actualidad). Este incremento deberá conseguirse aumentando en al menos un punto la tasa de actividad masculina y en al menos tres puntos la de las mujeres.

Otras metas a lograr al término del plan pasan por recortar en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado; incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas celebradas con jóvenes, alcanzando durante el conjunto de los tres años la cifra de 2,9 millones de contrataciones fijas, y conseguir que al menos un 43% de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria adquieran mediante programas de formación las competencias clave en Lengua y Matemáticas.

Asimismo, son objetivos del plan que a su término se hayan formado al menos un 30% (80.000) de personas jóvenes en competencias lingüísticas; que al menos 225.000 jóvenes se hayan formado en competencias digitales, el 75% en competencias básicas y el 25% en competencias superiores, y que un 25% de jóvenes (40.000) se hayan formado en competencias de sectores estratégicos.

Para la consecución de todos los objetivos recogidos en el plan, éste se estructura en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento, y mejora del marco institucional. Los ámbitos de actuación considerados prioritarios en el plan son los de recuperar la calidad del empleo, luchar contra la brecha de género en el mercado laboral y reducir el paro juvenil.

Entre las 50 medidas que conforman este plan de choque se encuentra también la de establecer un control más efectivo de la contratación temporal para evitar el uso abusivo de la misma, limitando la duración de los contratos del mismo trabajador con un mismo empresario. Al mismo tiempo, el plan contempla la evaluación y revisión de los actuales incentivos a la contratación y al emprendimiento para suprimir los que hayan resultado ineficaces y diseñar incentivos nuevos, "vinculados a un apoyo individualizado durante la contratación y a otras políticas activas", que atiendan a jóvenes con mayores dificultades de inserción laboral.

Estos incentivos, precisa el texto, estarán limitados en el tiempo, y transcurrido un año desde su introducción, se evaluarán para su renovación o eliminación. En todo caso, Gobierno y agentes sociales aclaran que la creación de nuevos incentivos estará condicionada a la elaboración y publicación previa de una evaluación sobre el conjunto de incentivos establecidos actualmente para este colectivo. Otra medida de este plan pasa por recuperar la cotización por desempleo en los contratos de formación realizados al amparo de programas mixtos de empleo y formación.