El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas sociales, entre ellas la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que se ha convertido en un nuevo punto de discrepancia en el Gobierno. Por primera vez en nuestro país, los trabajadores que lo cobren tendrán que pagar el IRPF. Según informa Carlota Núñez en el vídeo, el ministerio de Trabajo se oponía, pero el de Hacienda lo aprobó. Yolanda Díaz se ha desmarcado de la medida adoptada por María Jesús Montero y ha asegurado que se ha enterado por la prensa.

Esta discrepancia se ha escenificado en la sala de prensa tras el Consejo de Ministros. Primero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dejado claro que no comparten esa decisión del ministerio de Hacienda, se ha quejado de que se han enterado a través de los medios de comunicación y ha dejado claro que van a plantar cara a esa tributación del SMI, de hecho, Sumar ya ha anunciado que van a presentar una proposición de ley para frenarla en el congreso.

La sorpresa ha venido cuando la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha contestado directamente a Yolanda Díaz explicando que esa tributación luego se va a revertir en mejorar los servicios públicos de todos los ciudadanos.

Se ha dado así una situación, que se ha convertido en una especie de cara a cara entre la portavoz del Gobierno, de la parte socialista y la vicepresidenta de Sumar, que cada vez que mostraba su disconformidad recibía la réplica de Pilar Alegría.

El rifirrafe ha comenzado cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado la falta de comunicación con el Ministerio de Hacienda sobre la decisión de obligar a tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a las personas que cobren en salario mínimo interprofesional, tras la subida aprobada por el Gobierno, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas.

"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno", ha lamentado tras reconocer que se ha enterado de esta decisión, comunicada por Hacienda esta mañana, a través de los medios de comunicación.

Aunque Díaz ha asegurado que el Gobierno de coalición "goza de buena salud", esta cuestión ha causado discrepancias en el seno del Ejecutivo. Mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía esta exención, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le pedía públicamente a la titular de Trabajo que haga "pedagogía fiscal" porque "todo no se resuelve con una bajada de impuestos". Para Hacienda, lo que no pueden hacer las fuerzas progresistas y de izquierdas es estigmatizar los impuestos.

Díaz ha replicado a Hacienda que, si bien hay que hacer pedagogía fiscal en España, la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos. "La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

"Lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año sean exentas como lo han sido hasta ahora en nuestro país", ha enfatizado Yolanda Díaz.

Frente a esto, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha abogado por hacer pedagogía de justicia fiscal y trasladar a la ciudadanía que, lo que se recauda, va en beneficio de mejorar las políticas y servicios públicos. "Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso", ha subrayado.

En todo caso, Alegría ha puesto en valor la posición clara por parte del Gobierno de manifestar sobre todo la satisfacción de volver a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional como la que hoy se ha hecho pública.

Hacienda sí actualizó el pasado año el mínimo exento del IRPF desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros anuales, con el objetivo de actualizarlo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que justo supuso esa misma cifra en su cómputo anual.

Sin embargo, en este ejercicio, el Ministerio de Hacienda ha decidido imponer su criterio y obligará a los trabajadores que cobren el SMI a tributar en el IRPF, negándose a adaptar la subida como ha sucedido en años anteriores con este Gobierno, por lo que deberán tributar por este alza de los 50 euros mensuales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden que, con este incremento, "la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF". Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.

En concreto, según los cálculos de los expertos para la subida del SMI, solo a un 20% de los perceptores de este salario se le aplicarán las retenciones del impuesto sobre la renta tras la última subida, lo que suponen casi medio millón de trabajadores.

Todo dependerá, eso sí, de la situación personal y familiar de cada contribuyente. Como ejemplo, un contribuyente que cobra el SMI de 2025 con pareja y que tiene un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención en el IRPF, mientras que un contribuyente con pareja y que tiene un hijo mayor de tres años tendrá una retención de 99 euros al año, y un asalariado soltero y sin hijos que cobre el sueldo mínimo de 2025 tendrá una retención de 300 euros.

El Partido Popular, por su parte, acusa al gobierno de hacer trampa con el salario mínimo. Alberto Núñez Feijóo afirma que por un lado lo suben para volver a recaudarlo por otro. "Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida", ha denunciado el líder del PP, quien ha explicado que hacer tributar al tramo hasta el SMI implica que de la subida de 700 euros en términos anuales, el Estado recauda 346,19 euros, que supone el 49,45%.

Feijóo ha recordado que el año pasado, cuando el Gobierno también subió el SMI, Hacienda dudó sobre si eximir de tributación a este salario y finalmente cedió ante las presiones de formaciones como el PP o también Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición.

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