Cómo me puedo declarar insolvente
Declararse insolvente implica reconocer formalmente la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas
El deudor debe demostrar que sus ingresos y patrimonio son insuficientes para cubrir sus obligaciones financieras
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La insolvencia, definida como la incapacidad de una persona o entidad para cumplir con sus obligaciones financieras, es una situación que puede afectar tanto a particulares como a empresas. En nuestro país existen leyes mecanismos concretos para aquellos que se encuentran ante este tipo de circunstancias, permitiendo a los deudores reorganizar sus finanzas y, en ciertos casos, incluso conseguir la exoneración de sus deudas.
¿Qué significa declararse insolvente?
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Declararse insolvente implica reconocer formalmente la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas. Este reconocimiento puede derivar en una serie de procedimientos legales que buscan encontrar una solución equitativa tanto para el deudor como para los acreedores. En España, este proceso está regulado principalmente por la Ley Concursal y la Ley de Segunda Oportunidad.
Requisitos para declararse insolvente
Para acogerse a los procedimientos de insolvencia en España, es necesario que exista una incapacidad real de pago. Lo que implica que el deudor debe demostrar que sus ingresos y patrimonio son insuficientes para cubrir sus obligaciones financieras. Esto se acredita mediante documentación que refleje la situación económica actual, como estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y registros de ingresos y gastos.
Además, es primordial que el deudor actúe con transparencia y honestidad durante todo el proceso, sin ocultar información ni activos. La Ley de Segunda Oportunidad establece que el deudor no debe haber sido condenado por delitos económicos en los últimos diez años y que debe haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de solicitar la exoneración de las deudas.
Procedimiento para declararse insolvente
El proceso para declararse insolvente en nuestro país consta de varias etapas:
- Evaluación de la situación financiera: Antes de iniciar cualquier trámite, es importante realizar un análisis exhaustivo de las finanzas personales o empresariales para determinar la magnitud de la insolvencia y las posibles soluciones. Este análisis debe incluir un inventario detallado de activos y pasivos, así como una proyección de ingresos y gastos futuros.
- Solicitud de concurso de acreedores: El deudor debe presentar una solicitud formal ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, aportando la documentación que acredite su estado de insolvencia. Este procedimiento puede ser voluntario, si lo solicita el propio deudor, o necesario, si lo instan los acreedores. La solicitud debe ir acompañada de un plan de viabilidad y una propuesta de convenio que detalle cómo se pretende satisfacer las deudas pendientes.
- Tramitación judicial: Una vez admitida la solicitud, el juez nombrará a un administrador concursal que supervisará el proceso, evaluará la situación financiera del deudor y mediará entre las partes involucradas. El administrador concursal elaborará un informe que incluirá un análisis de las causas de la insolvencia, una valoración de los activos y pasivos, y una propuesta de resolución.
- Acuerdo con los acreedores: Se buscará alcanzar un acuerdo que permita la reestructuración de la deuda, estableciendo quitas, esperas o ambas, según las posibilidades del deudor y la aceptación de sus acreedores. Debe ser aprobado por la mayoría de los acreedores y homologado por el juez para tener plena eficacia jurídica.
- Exoneración del pasivo insatisfecho: Si no es posible llegar a un acuerdo y se cumplen los requisitos legales, el deudor puede solicitar la exoneración de las deudas pendientes, liberándose así de su obligación de pago. Este beneficio está contemplado en la Ley de Segunda Oportunidad y permite al deudor empezar de nuevo sin la carga de las deudas anteriores.
Para iniciar el proceso de insolvencia, es imprescindible reunir y presentar la siguiente documentación:
- Identificación personal: DNI o NIE en vigor.
- Información financiera: Declaraciones de la renta, nóminas, extractos bancarios y cualquier otro documento que refleje los ingresos y gastos del deudor.
- Relación de bienes y derechos: Inventario detallado de propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y otros activos.
- Listado de deudas: Detalle de todas las obligaciones pendientes, incluyendo acreedores, montos adeudados y fechas de vencimiento.
- Historial de pagos: Registro de los pagos realizados y pendientes, así como de los intentos de negociación con los acreedores.
Consecuencias de declararse insolvente
La declaración de insolvencia conlleva diversas implicaciones:
- Suspensión de ejecuciones: Se paralizan las acciones judiciales iniciadas por los acreedores para reclamar el pago de las deudas.
- Intervención de la administración concursal: El deudor pierde, total o parcialmente, la capacidad de administrar su patrimonio, quedando esta función en manos del administrador concursal.
- Impacto en la reputación crediticia: La insolvencia puede afectar negativamente la calificación crediticia del deudor, dificultando el acceso a financiación futura.
- Posible liquidación de activos: En ausencia de un acuerdo con los acreedores, los bienes del deudor pueden ser liquidados para satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas pendientes.
Alternativas a la declaración de insolvencia
Si bien declararse insolvente es una opción viable para afrontar deudas, existen alternativas que podrían ser menos restrictivas. El principal es buscar el acuerdo de pago extrajudicial, negociando con los acreedores y llegando a un punto común con reducciones de la deuda o aplazamientos de los cobros.
También es posible optar por una refinanciación, es decir, reestructurar las deudas a través de un préstamo con condiciones más favorables puede ser una solución efectiva para evitar la insolvencia. En cualquier caso en este tipo de situaciones es más que recomendable contar con la ayuda de profesionales para facilitar la identificación de áreas donde recortar gastos y maximizar ingresos, evitando llegar a una situación de insolvencia formal.
Impacto de la Ley de Segunda Oportunidad
Desde su aprobación en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha sido un elemento clave para los particulares y autónomos que se enfrentan a una situación de insolvencia. Esta normativa permite a los deudores obtener la exoneración total o parcial de sus deudas, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como haber actuado de buena fe y no haber rechazado acuerdos extrajudiciales razonables.
El abogado especializado Javier Torres comenta que “la Ley de Segunda Oportunidad ha cambiado el paradigma de la insolvencia en España, brindando a las personas una herramienta para empezar de cero, algo que antes era impensable para muchos deudores.”