A partir del 1 de enero de 2025, las pensiones contributivas en España experimentarán un incremento del 2,8%, conforme a la revalorización basada en el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior. Esta medida tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación. 

Las pensiones de incapacidad permanente, que compensan a aquellos trabajadores que han visto reducida o anulada su capacidad laboral debido a una enfermedad o accidente, se beneficiarán de este aumento. La pensión media de incapacidad permanente pasará de 1.165,60 euros a 1.198,23 euros mensuales, lo que supone un incremento de 32,63 euros al mes. 

Este incremento se aplicará a los diferentes grados de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Por ejemplo, en el caso de la incapacidad permanente total, que impide al trabajador realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual pero le permite dedicarse a otra, la pensión se calcula sobre el 55% de la base reguladora, incrementándose al 75% a partir de los 55 años. Actualmente, la pensión mínima para menores de 60 años con cónyuge a cargo es de 608,3 euros mensuales, lo que representa 8.516,2 euros anuales. Sin cónyuge a cargo, la cifra es de 603,1 euros mensuales, o 8.443,4 euros anuales. El aumento del 2,8% para 2025 se traduce en un incremento anual de 238 y 236 euros, respectivamente. 

La revalorización de las pensiones ha suscitado diversas opiniones entre expertos y analistas económicos. Gonzalo Bernardos, profesor de economía en la Universidad de Barcelona, ha expresado su preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, especialmente considerando el envejecimiento de la población. Bernardos advierte que, para mantener el sistema, podría ser necesario retrasar la edad de jubilación, aunque reconoce que no todos los trabajadores podrán prolongar su vida laboral, particularmente aquellos con empleos físicamente demandantes. 

Por otro lado, asociaciones de pensionistas han manifestado que, aunque cualquier incremento es siempre bienvenido, consideran insuficiente la subida del 2,8% en las pensiones contributivas. Argumentan que este ajuste no refleja completamente el aumento del coste de la vida y que muchos pensionistas aún perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que dificulta cubrir necesidades básicas. 

Es importante destacar que, además del incremento general del 2,8% en las pensiones contributivas, las pensiones mínimas experimentarán aumentos superiores. Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares crecerán un 9,1%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán en un 9%. Estas medidas buscan reducir la brecha existente y garantizar un nivel de vida digno para los pensionistas con menores ingresos. 

En resumidas cuentas, las pensiones de incapacidad permanente en España sufrirán un incremento del 2,8% en 2025, que se mueve en la misma línea de la revalorización de las pensiones contributivas para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Sin embargo, persisten debates sobre la suficiencia de estos aumentos y la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones en el país.