La posibilidad de acceder a la jubilación antes de los 65 años ha estado tradicionalmente limitada por las penalizaciones impuestas por la Seguridad Social en España. Sin embargo, los convenios colectivos y ciertas alternativas privadas han surgido como vías que permiten no solo adelantar este retiro dorado, sino también hacerlo con ciertos beneficios económicos.

Los convenios colectivos están tomando un camino opuesto al de la Seguridad Social, incentivando la jubilación anticipada mediante bonificaciones y premios económicos. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, estas cláusulas alcanzan actualmente a más de 701.000 trabajadores, un aumento del 85% respecto al periodo de la pandemia, cuando cubrían a 378.000 empleados. Este incremento refleja la adaptación de las políticas laborales al envejecimiento progresivo de la población activa.

“La aplicación de incentivos de jubilación en España muestra una tendencia creciente, tanto a nivel estatal como en el ámbito de los convenios colectivos”, señala Alberto Novoa, vocal de la Junta Directiva de los abogados laboralistas (ASNALA). Estas cláusulas no solo promueven la renovación de plantillas y la reducción de costes empresariales, sino que también ofrecen una salida digna y anticipada a los trabajadores.

El pasado ejercicio, se registraron 1.773 convenios colectivos que alcanzaron a más de 4,4 millones de trabajadores, de los cuales el 15% incluye cláusulas que premian la salida antes de los 65 años. Este porcentaje es similar al de hace una década, cuando las bonificaciones por jubilación anticipada abarcaban a más de 811.000 empleados.

Mientras la Seguridad Social endurece los recortes para aquellos que optan por la jubilación anticipada, los convenios colectivos ofrecen indemnizaciones, pagos únicos o periódicos para compensar las reducciones que pueden superar el 20% en las pensiones. Estas prácticas, aunque son beneficiosas para los trabajadores que las reciben, tienen un impacto en el sistema público de pensiones debido a la pérdida de cotizaciones sociales.

Novoa destaca que “la diversidad en la aplicación de estos incentivos refleja la necesidad de adaptarse a las circunstancias específicas de cada sector y empresa”. Ejemplos como el reciente plan de pensiones para la construcción, acordado por convenio en 2023 y convertido en el mayor de España en menos de un año, ilustran cómo la regulación y la negociación colectiva pueden converger.

Todo esto enmarcado en un contexto que dicta que a partir del 1 de enero de 2025, la Seguridad Social aplicará nuevos coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria. Estos coeficientes varían según los meses de adelanto y los años cotizados, con reducciones que pueden alcanzar hasta el 21% de la pensión mensual para quienes adelanten su jubilación en 24 meses y hayan cotizado menos de 38 años y seis meses. Por ejemplo, un trabajador que adelante su jubilación en un mes podría enfrentar una reducción del 3,26% en su pensión mensual.

Además de los convenios colectivos, los planes de pensiones privados se presentan como una opción atractiva para quienes desean retirarse antes de la edad ordinaria sin sufrir penalizaciones significativas. Estos planes permiten acumular un capital que puede ser rescatado para complementar o sustituir la pensión pública.

Los planes de pensiones privados ofrecen ventajas fiscales durante el periodo de aportación, como la reducción de la base imponible del IRPF. Sin embargo, al ser rescatados, las cantidades percibidas tributan como rendimientos del trabajo. También han surgido otras opciones de inversión, como metales preciosos, que prometen proteger los ahorros a largo plazo.

A pesar de la reducción de los incentivos fiscales para los planes de pensiones, las entidades bancarias han intensificado sus esfuerzos para atraer a los ahorradores, ofreciendo bonificaciones por transferencias y rentabilidades competitivas. También hay que tener presente que existen otras opciones de inversión que pueden servir como complemento para la jubilación anticipada. Por ejemplo, la inversión en metales preciosos, como propone SilverGold Patrimonio, ofrece soluciones innovadoras para proteger los ahorros a largo plazo.

La jubilación antes de los 65 años en España se encuentra en un punto de tensión entre las penalizaciones de la Seguridad Social y las oportunidades ofrecidas por los convenios colectivos y el sector privado. Mientras las reformas públicas buscan limitar las salidas anticipadas, las empresas y los trabajadores han encontrado vías alternativas para facilitar una transición laboral más flexible y beneficiosa.

Planificar con antelación, conocer las opciones disponibles y aprovechar los instrumentos de negociación colectiva son claves para quienes desean retirarse antes de tiempo sin comprometer su estabilidad financiera.