Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su nueva empresa pública de vivienda en España, son muchos los políticos que han mostrado su desacuerdo. Incluso socios de gobierno, como Yolanda Díaz.

'Todo es mentira' ha conectado en directo con Pedro Fernández, presidente de la 'Confederación nacional de construcción', para conocer qué les ha parecido el anuncio de la creación de la empresa pública de vivienda y sobre su posible funcionamiento.

"En un primer momento, hay que ser prudentes. Hay que ver a qué se está refiriendo con una empresa pública que quiere construir y gestionar. Es decir, el diagnóstico de la situación no pasa por construir y gestionar, sino por otros sitios", comenzaba el presidente de la 'Confederación nacional de construcción'.

Pedro Fernández también asegura que el problema de las viviendas tiene que ver con la oferta. "La cosa es muy simple. Como recoge el INE, cada año estamos creando 211.000 nuevos hogares. Pero solo estamos construyendo 80.000 nuevas viviendas. En el año 2016, se estaban construyendo 650.000 viviendas y creábamos 417.000 hogares. Es decir, se construían muchas más viviendas que hogares se estaban creando. Con lo cual, había mucha más oferta que demanda", detalla el presidente de la conferencia.

"Necesitamos más oferta porque, si ahora mismo un precio medio de una vivienda en Zamora son 160.000 euros o un alquiler en Badajoz son 550 euros, eso es porque allí hay suficiente oferta para que no se disparen los precios. Tenemos que intentar corregir la situación de la mejor manera posible", añade Pedro Fernández.

Pedro Fernández también asegura que hay que dar "seguridad jurídica" al tráfico jurídico mercantil y cuenta el problema que hay con la 'ley del suelo': "Permite que, por un error formal o subsanable, se retrotraigan las actuaciones a origen. Con lo cual, un desarrollo urbanístico, que puede tardar 10 años en desarrollarlo, por un defecto final, obliga al juez a tener que retrotraer todo al principio".

De hecho, esta falta de seguridad jurídica también afectaría a aquellas construcciones que no cumplan con la identidad de género. Pedro Fernández explica en qué consiste: "Lo que tiende es a que sean iguales todas las habitaciones para que no haya gente discriminada en una casa por razón de género".