El Gobierno aprueba el permiso climático: ¿en qué consiste y quién asumirá el gasto?
El nuevo permiso contempla la posibilidad de que los empleados no acudan al trabajo en caso de emergencia climática
Los convenios colectivos tendrán que adoptar planes preventivos y los representantes sindicales podrán acordar paralizar la actividad
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El Gobierno blinda a los trabajadores ante las inclemencias del tiempo y anuncia una medida laboral sin precedentes. Ni Filomenas, ni futuras DANA podrán dejar sin cobrar a los empleados que no acudan a sus puestos de trabajo por imposibilidad o por peligro. Según informa Carlota Núñez y Cristina Herráez en el vídeo, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo permiso retribuido, llamado permiso climático, que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos. Los cuatro primeros días los pagarán las empresas, algo que no convence a los empresarios, que si están de acuerdo con tomar medidas al respecto.
Un mes después de la DANA, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado permiso climático, que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticas.
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En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.
Será la autoridad de emergencias de un ayuntamiento, una comunidad autónoma, o del Gobierno la que indique que hay riesgo o, directamente que no se puede ir a trabajar.
¿Qué ocurre si el permiso de cuatro días no es suficiente?
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo. "Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha subrayado Díaz.
La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "estos permisos climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.
Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.
Los convenios tendrán que incluir protocolos de actuación ante emergencias climáticas
La norma también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.
Las medidas laborales contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.
Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.
Las empresas tendrán un plazo de un año para elaborar protocolos climáticos específicos
Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos. Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.
"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI", ha explicado.
El coste de los cuatro primeros días de estos permisos retribuidos será para las empresas y, a partir de ahí, si la emergencia se alarga, la empresa elegirá si los sigue pagando o incorpora a los trabajadores a un ERTE.
Además, los representantes de los trabajadores tendrán un permiso verde, es decir, podrán acordar la paralización de la actividad si hay riesgo para la plantilla.
La opinión de los empresarios sobre el nuevo permiso
Ante este anuncio, los empresarios comparten con el gobierno que hay que tomar medidas, pero no les convence que todo el coste de estos permisos recaiga sobre ellos. “Hay que adoptar medidas extraordinarias con las que estamos de acuerdo”, dice Jorge Cabreiros, presidente de CEP, “pero estas medidas no pueden contemplar un permiso retribuido de cuatro días para un trabajador y no recuperable con coste total para la empresa, sobre todo empresas que ya han sido dañadas por la DANA”.
Con estas medidas el Gobierno quiere reducir el riesgo de los trabajadores ante fenómenos extremos que cada vez van a ser más frecuentes, como insisten en recordarnos los expertos. tenemos que protegernos ante futuras DANAS, olas de calor o grandes nevadas como Filomena.
Un permiso climático que, según explica el Gobierno, sigue el ejemplo de países como Canadá, con una legislación más preparada ante los efectos del cambio climático.
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