El Gobierno investiga a varias agencias inmobiliarias por realizar prácticas fraudulentas en la gestión de los alquileres. Según informa Cristina Montalvo, los casos más graves podrían conllevar multas de hasta un millón de euros. Entre estas prácticas estaría la obligación a los inquilinos de pagar una comisión por el alquiler o las cláusulas abusivas. Y es que este tipo de situaciones ha provocado el aumento de los alquileres por habitación, una de las razones que provocó la manifestación en Madrid.
El Ministerio de Consumo no aclara ni cuántas ni cuáles son las agencias inmobiliarias que están siendo investigadas. Tan solo se ha avanzado que se trata de compañías que operan en todo el territorio nacional. Aseguran que estas prácticas contrarias a la ley han sido realizadas por asociaciones de usuarios.
El Gobierno investiga a varias agencias inmobiliarias por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por el alquiler o establecer cláusulas abusivas en los contratos. El Ministerio de Consumo ya viene advirtiendo que está en contra de la ley exigir fianzas desproporcionadas y pagar mensualidades por adelantado.
El Ejecutivo persigue situaciones en las que se haya obligado a firmar a los inquilinos contratos temporales sin que esa temporalidad esté justificada. El ministerio explica que estas prácticas se hacen con el objetivo de sortear las limitaciones que impone la ley de vivienda. Y es que, según el Banco de España, la oferta de estos alquileres en las plataformas inmobiliarias se ha incrementado en el último año en más de un 55%.
Las prácticas que la Dirección General de Consumo dice que se han podido constatar que pueden conllevar multas que van desde los 100.000 al millón de euros. Advierten que puede sobrepasar las cantidades fijadas con entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido ilícitamente. El Gobierno recuerda que estas actuaciones fraudulentas pueden denunciarse ante las autoridades de consumo de las comunidades e indican que no se van a tolerar abusos contra los inquilinos.
“Se va a acabar la impunidad en el sector de alquiler de España. Cientos millones de personas se están movilizando para reivindicar el derecho a la vivienda. Desde el Ministerio de Consumo, lo que podemos hacer es asegurar que todas las empresas e inmobiliarias cumplan la ley”, concluye Pablo Bustinduy, ministro de Consumo. Y es que esta preocupante situación de la vivienda se ve reflejada en la edad de emancipación de los jóvenes que ahora está en los 30 años.
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