Las consecuencias de que los requisitos para alquilar una vivienda sean cada vez más estrictos lleva a la aparición de nóminas falsas o contratos en la documentación. Según informa Montse Ávila en Noticias Cuatro, presentar nóminas, avales, contratos o fianzas para evitar a aquellos inquilinos que no tienen una situación laboral estable. El acceso al alquiler es cada vez más complicado, sobre todo para los jóvenes que están a la cola de Europa en la emancipación, por lo que muchos huyen a la periferia por culpa de los precios.

Juan Ignacio Fuster-Fabra, abogado de Fuster-Fabra Abogados, explica: “Obviamente, toda modificación de un documento, ya sea público o privado es un delito”. En caso de realizar esas modificaciones en cualquier documento oficial es un delito de falsedad documental, pero si se contratan los servicios surgen más aspectos.

Juan Ignacio Fuster Fabra expone: “Aquí habría dos tipos de autores, el que realiza el propio documento y el que falsifica el documento, pero también puede ser responsable el que conociendo que ese documento es falso lo admite. En ese momento se convierte en un negocio jurídico criminalizado”. Tanto una acción como otra son un delito penal, con penas de cárcel de “uno a cinco años”.

La gran demanda hace que los propietarios se vean con gran cantidad de solicitudes, haciendo que se pida gran cantidad de documentación en muchas ocasiones. Un chico comenta: “Me parece excesivo, sobre todo, porque creo que hoy en día piden muchas más cosas que antes porque no se fían de los arrendatarios”. Un hombre cuenta: “Habría que ponerlo un poco más fácil par la gente que está buscando piso por aquí, que ya sé de primera mano que puede costar un poco”.

Desde contratos, nóminas o, incluso, extractos bancarios; son algunos de los documentos que se solicitan. Juan Ignacio Fuster-Fabra argumenta: “Las personas tienen que darse cuenta de que es una negociación entre partes. En esa negociación se pueden pedir muchos datos, pero también se puede decir que no se aportan, según qué datos financieros, o que entienden (los solicitantes) que se está vulnerando su privacidad.

Beñat del Coso, portavoz de Idealista, explica: “(Los propietarios) siempre se decantan por aquellos que les ofrecen una mayor seguridad, en lo relativo a la protección legal y también a toda la protección legal y también a toda la protección en caso de impago”. El miedo a la okupación o que no tenga solvencia, ha hecho que familias vulnerables se queden fuera de la ecuación para optar a un piso.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anuncia que se destinarán 6.000 millones de euros para impulsar la creación de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible por un periodo mínimo de 50 años. Los precios del alquiler ya superan los máximos que se alcanzaron con la burbuja inmobiliaria, con la única excepción de dos comunidades autónomas.

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