El Gobierno de España retira la Ley del Suelo -antes de que se debatiese en el Congreso de los Diputados- por la falta de apoyo. El objetivo del Ejecutivo ha sido evitar su segunda derrota parlamentaria en 48 horas. Según informa Rebeca Gimeno en el vídeo, esta norma permitiría desbloquear planes urbanísticos y mejorar la situación de la escasez de vivienda. En nuestro país, miles de jóvenes no pueden acceder a la compra de una casa.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado que ningún experto en vivienda le había puesto pegas para esta norma. "La política de vivienda no está en campaña electoral. Espero que esta norma se aproveche cuando pasen las elecciones". La Ley del Suelo buscaba desbloquear y agilizar los planes urbanísticos que ahora están paralizados en los ayuntamientos, así lo defienden los promotores y las asociaciones del sector.

La Ley del Suelo tenía la capacidad de desbloquear los planes urbanísticos que están paralizados. En estos momentos, si se presenta un proyecto pero alguien denuncia que tiene un fallo, todo se paraliza. Tal y como lo denuncia el sector, esto genera una inseguridad jurídica. Esta norma planteaba que si el fallo se puede corregir, no es necesario frenar el resto. Es decir, agilizaría los planes que siguen guardados en el cajón en ciudades como Orense, Madrid, Vigo, Madrid, Santander, Ibiza y Toledo.

El sector de la construcción defiende que la falta de suelo es la principal razón de la escasez de vivienda, pero no es la única. Y es que la creación de casas lleva años por debajo de lo que demanda la población. Esto genera un déficit con los problemas que existen con los precios y de falta de accesibilidad. Muchos de los planes que tiene el Gobierno, para promover vivienda asequible, dependen de los planes para movilizar suelo.

Para garantizar la seguridad jurídica de los planeamientos, esta ley establecía una separación entre la nulidad del Plan General, que se basa en un defecto total, y la nulidad parcial, que es un fallo que se puede subsanar en un plazo de un año.

Si el organismo público no cumple con este plazo, podrá solicitar una prórroga de seis meses adicionales. Al pasar el tiempo descrito, si continúa sin estar subsanado, se anularía el Plan General de Ordenación Urbana por completo.