Hay algunas personas que no pueden despegarse nunca de su teléfono, pero no es por gusto, sino que son trabajadores eventuales que viven pendientes de que les llegue una llamada de teléfono de la bolsa de trabajo en la que están inscritos. La presión por responder añade un estrés a estos trabajadores precarios, que saben que una llamada sin contestar les deja fuera del contrato.

Alba Rodríguez, enfermera eventual del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), comenta que este último mes ha tenido multitud de contratos de entre uno y tres días, lo que supone que cada uno es una llamada de la administración. Añade que cada día le llaman para ofrecerle algo para el día siguiente y que la semana pasada estuvo en cinco sitios distintos los cinco días de la semana. En 20 años acumula 420 contratos y muchas veces ha pensado en dejarlo por estrés y otros problemas de salud.

Marisa Velicia, enfermera del SERGAS, consiguió hace tres meses una plaza fija tras 12 años con contratos por día. Marisa cuenta que, si ella no tenía cobertura o no oía el teléfono, le entraba mucha angustia porque le pudieran llamar y penalizar en caso de no responder, ya que el cobrar a final de mes depende de que pudiera coger o no un contrato. Añade que la segunda penalización supone la exclusión de los listados de contratación.

Cristina Martínez, profesora sustituta de secundaria, está a una penalización de que la excluyan de las listas para ser sustituta en educación secundaria. Dice que te obligan a estar a cada momento pendiente, no te puedes permitir el despiste, ni prácticamente hablar por teléfono. Ella ha decidido recurrir a la justicia para tratar de anular su sanción. Añade que, si entras en un ascensor, en un sótano o en cualquier zona sin cobertura tienes miedo a perder el contrato y te sientes como un ‘esclavo de la Administración’ y del móvil.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que España no aplica de manera correcta el ‘Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada’ en la mayoría de los casos de trabajadores interinos. El TJUE asegura que España abusa de la temporalidad y que las medidas adoptadas para la estabilización del empleo no siguen la normativa europea (Ley 20/2021).

El TJUE expone: “a falta de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales (incluidos lo indefinidos no fijos prorrogados), se deberían convertir esos contratos temporales en fijos”.

El Gobierno acordó hace unos meses con los sindicatos un proceso de estabilización del empleo, mediante el que los interinos y los indefinidos no fijos podían conseguir esa fijeza presentándose a las oposiciones. El caso es que la Justicia Europea consideró que esto no establecía una sanción relevante para el empleador, de las administraciones, por el abuso de la temporalidad de esos trabajadores. La compensación que se baraja es hacer fijos a quien tenga más de tres años de contratos temporales.