1. Vigilantes en manifestaciones. El Ministerio de Interior podrá contratar seguridad privada en cualquier evento.
2. Detenciones en espacios públicos. Los vigilantes podrán interceptar a las personas en caso de delitos flagrantes, siendo ellos los que evalúen qué es un delito flagrante.
3. En el perímetro de las cárceles. Pueden vigilar el exterior de centros penitenciarios, una competencia exclusiva hasta ahora de las fuerzas de seguridad.
4. Menos exigencias. Se levanta la prohibición de tener antecedentes penales para obtener la titulación y tener la nacionalidad de un país de la UE.
5. Complemento a la seguridad pública. Los vigilantes privados podrán participar en todos los operativos que desarrolle la policía.