Ignacio Fernández Cid es el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia y niega que las residencias de ancianos estuviesen preparadas para tratar a los enfermos de COVID-19 durante la pandemia. Además, confirma que hubo órdenes de no derivar a hospitales a determinados ancianos.
Fernández Cid asegura que las residencias han recibido protocolos “que eran de obligado cumplimiento y venían firmados” por parte de las instituciones públicas, tanto del Ministerio de Sanidad como de las Consejerías de las Comunidades Autónomas. En ellos se establecían perfiles de personas que podían o no ser derivados a un hospital en el caso de que se contagiasen de coronavirus: “Se hablaba que personas con hasta un límite de deterioro cognitivo no podían ir. Personas con enfermedades importantes, cardiovasculares o cancerígenas, tampoco podían ir. Esto lo llevamos denunciando dos meses y medio”, explica durante la entrevista.
Cree que menos personas hubiesen muerto si se hubiesen derivado a los hospitales y también expone sus dudas sobre el concepto de “residencias medicalizadas”. Asegura que se pidió medicalizar de verdad las residencias, pero “se nos dijo que no había personal suficiente”.
Sobre lo que ha ocurrido durante la pandemia, con cientos y cientos de ancianos fallecidos por coronavirus, cuenta una terrible realidad: “En algún caso concreto, viendo la imposibilidad de derivación hospitalaria, hemos llamado al familiar: ‘Ven a buscar a tu madre, la llevas al hospital por urgencias y no digas que vive en una residencia. Y ha entrado”.