Las hijas de Luis denuncian que se le dejó morir de COVID en una residencia: “Rogábamos que nos dejaran sacarle”

Luis tenía 77 años cuando falleció por coronavirus en una residencia de Madrid. Apenas llevaba dos meses allí, mientras se recuperaba de un ictus que había sufrido. Laura y Marta Grela son sus hijas: exigieron asistencia hospitalaria para su padre y también pidieron ir a recogerle para llevarle a un hospital ellas mismas, pero no se lo permitieron. Denuncian que la residencia dejó morir a Luis y van a emprender acciones legales contra ella.

La última vez que Luis pudo ver a su familia fue el 6 de marzo. A los pocos días enfermó y perdió la vida. “Pedíamos día sí y día también que por favor le llevaran a un hospital y rogábamos que me dejaran sacarle”, cuenta Laura.

Las hermanas afirman que desde la residencia les aseguraron que Luis iba a ser tratado como en un hospital, pero ellas están convencidas que se que le dejó morir sin asistencia médica. Para demostrarlo, grabaron la conversación con la doctora que les informaba sobre la salud de su padre. La médica les dijo que no se le podía trasladar a un hospital: “Como somos residencias medicalizadas, tenemos una comunicación con los especialistas de Puerta de Hierro. Lo único que no se puede dar aquí es un respirador, pero tenemos todos los medicamentos”.

Laura dice que todo eso que le contaron es mentira ya que en el informe médico pone que toda la medicación la ha recibido vía oral, no a través de una vía como se haría en un hospital. Además, afirma que se le aseguró que su padre iba a recibir paliativos antes de fallecer, pero que en la historia médica no pone que en ningún momento se le haya practicado ningún tipo de sedación. Por todo ello, cree que Luis no ha tenido una muerte digna.

“Si ellos no querían derivarle a un hospital, que me dejaran a mi ir a recogerle y encargarme yo de mi padre. La rabia es de no haber cogido el coche, haberlo estrellado contra la puerta y haber sacado a mi padre”, dice Laura.

Por todo ello, Laura y marta afirman que van a emprender acciones legales “contra la residencia, el grupo empresarial, la Comunidad Autónoma e incluso el Estado”.