Una cita olímpica poco o nada tiene que ver con una gran competición de fútbol como una Eurocopa. Aunque muchos estos días lo comparen por la elocuencia futbolera, unos Juegos Olímpicos llevan dentro de sí una maraña de miles de opiniones autorizadas, de cientos de sensibilidades e intereses, de comités nacionales, federaciones internacionales y locales, de contratos de televisión a nivel global, de seguros o contratos de construcciones, entre otros.

Por ello, y tras el comunicado del COI que abre el estudio de nuevos escenarios para un Tokio 2020 más allá del 24 de julio, es bueno analizar y buscar qué es lo que falta para que los JJ.OO. se aplacen definitivamente y fijar una nueva fecha.

El Comité Olímpico Internacional abre por primera vez la posibilidad de aplazar la cita olímpica tras su reunión de este domingo. A partir de ahora, comienza un trabajo intenso para solucionar una larga lista de trabas para el aplazamiento.

En primer lugar, Tokio se enfrenta al reto de no tener donde alojar a los deportistas ante una posible demora. La Villa Olímpica, situada en el barrio de Chuo, estaba prevista como un complejo residencial de 23 edificios de 5.600 apartamentos que ya están vendidos a ciudadanos japoneses.

Según lo previsto en los contratos de venta, las viviendas serían acondicionadas a partir de octubre y entregadas a final de año a sus nuevos propietarios. Por ello, el COI y el comité organizador de los Juegos, debe fijar un plan de alojamiento para los deportistas. ¿Alojarlos en hoteles? ¿En casas de alquiler? ¿Llegar a un acuerdo con los 5.600 nuevos propietarios de la Villa para retrasar la entrega de sus viviendas? Todo un reto por delante.

Por otro lado, si el aplazamiento va más allá del 2020, como todo hace indicar si se quiere encajar en las temporadas deportivas de las diferentes federaciones internacionales, el contrato COI-Tokio estaría caducado.

Tras la asignación de la capital japonesa como ‘Ciudad Anfitriona’ hace 7 años, se firmó un contrato que no contempla un posible retraso “por pandemia” y tampoco una celebración más tarde del 31 de diciembre de 2020. Esto no debería ser problema, ya que hay buena predisposición por ambas partes.

Eso sí, el problema reside en la justificación del aplazamiento de la cita olímpica, ya que el alargue del contrato deberá basarse en el epígrafe que autoriza al COI a tomar la decisión ‘si cree que la seguridad de los participantes está gravemente amenazada’. Algo insólito en la historia reciente, ya que no se tomó esa decisión ni con el ataque terrorista vivido durante Munich 1972.

Pero parece que el coronavirus sí pondrá la medida en marcha. La justificación es necesaria ya que los contratos están protegidos por seguros multimillonarios que serán ‘utilizados’ según quien tome la decisión de modificar el contrato inicial.

En la misma línea, están los contratos con las grandes grupos de comunicación que emiten los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, la NBC norteamericana y propietaria de los derechos ya ha firmado algo más de 1.000 millones en anuncios publicitarios para este verano, coincidiendo con el parón de las grandes ligas deportivas americanas.

Un retraso a octubre haría temblar esos contratos para la todopoderosa televisión estadounidense, por lo que todo indica que la influencia de los medios de comunicación llevarán el aplazamiento a fechas estivales.

Del mismo modo, casi 3.000 millones de euros de los 12.000 millones totales presupuestados para la celebración de Tokio 2020 provienen de los patrocinadores. Una fuerte base del presupuesto final que estaría en el aire con un retraso.

Lo que parece claro es que los Juegos no se iniciarán el próximo 24 de julio. El COI se pone un plazo de 4 semanas para solucionar todos estas trabas y tomar una decisión definitiva. Todo nos conduce a un aplazamiento olímpico en Tokio pero nadie puede descartar, a esta hora, una cancelación si la resolución de los problemas se complica hacia el abismo. Vienen tiempos de despachos (en casa) y reuniones (telemáticas).