En un comunicado, el Ejecutivo explica que este impuesto, aprobado esta semana por el Parlamento, está diseñado para garantizar que las empresas que gestionan la publicidad y las ventas online en Italia lo hagan sólo a través de compañías con presencia tributaria en el país.
La norma ha sido criticada por la Comisión Europea, que expresó dudas sobre su legalidad antes de que fuese aprobado por el Parlamento. El Gobierno italiano, sin embargo, la ha incluido como parte de un paquete de leyes de fin de año aprobado este mismo viernes.
Este paquete incluye también medidas para permitir a Italia utilizar 6.200 millones de euros de fondos de la Unión Europea, que ya fueron aprobados, para ayudar a pequeñas empresas, luchar contra el desempleo juvenil y respaldar a economías locales mediante la financiación del mantenimiento de lugares históricos.
De la misma forma, recoge la norma por la que se prohíbe a editoriales periodísticas operar cadenas nacionales, así como medidas para fortalecer las finanzas de la ciudad de Roma y permitir la cancelación de contratos de alquiler de edificios usados por el Parlamento y otros servicios públicos que resultaban demasiado caros.