Durante el tercer trimestre de 2018, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 10.741 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 72,16 por ciento (7.751) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 2,3 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 69,9 por ciento del total.
Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 89,4 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 82,1 por ciento. Un 55,2 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias. Todas estas cifras suponen incrementos respecto a las del mismo trimestre del año anterior, destacando los diez puntos de aumento en la cifra de condenas dictadas por las Audiencias Provinciales.
Un total de 40.718 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 43.560 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el tercer trimestre de 2018, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ, que reflejan una leve disminución en el número de víctimas y un considerable aumento en el de denuncias.
Las denuncias presentadas suponen un incremento del 2,3 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 42.571. No obstante disminuyó en un 0,3 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el tercer trimestre de 2017 fue de 40.829. En el segundo trimestre de 2018, de las víctimas, 27.648 mujeres eran españolas (un 67,9 por ciento) y 13.070, extranjeras (un 32,1 por ciento).
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 17,1, las comunidades de Baleares, con una ratio de 30,35, Murcia, con una tasa del 22,94, la Comunidad Valenciana, con 21,89, y Cantabria, con 20,43, mientras que la ratio más baja se dio en Extremadura, con un 9,78 seguida de Castilla y León, con 10,48, y Galicia, con 10,72.
Más de un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de casi dos puntos sobre el porcentaje observado en el tercer trimestre del año anterior.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 14 por ciento de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un importante descenso en las denuncias presentadas por familiares, que apenas llega a un 1,40 por ciento del total (frente al 2,25 por ciento en el tercer trimestre de 2017).
Algo más de un nueve y medio por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un cinco por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
En 4.453 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 10,9 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra ligeramente superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 10,2 por ciento.
En 2.722 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.731 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (13,24) que en las mujeres españolas (9,85).
Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.
Un total de 10.257 órdenes de protección (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 4,93 por ciento respecto al tercer trimestre de 2017, en que se solicitaron 9.775 órdenes de protección.
Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 68 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.966 adoptadas frente a 10.257 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un dato similar al del tercer trimestre del año anterior, en que se concedió el 68,2 por ciento de las órdenes de protección solicitadas. De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 68 por ciento correspondieron a mujeres españolas y un 32 por ciento, a extranjeras. 219 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 2% del total.
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.570), se acordaron 1.171, un 75 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas.
Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el tercer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 4.378 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así notablemente la cifra de 3.760 medidas adoptadas el año anterior.
De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.223) y de prestación de alimentos (1.419). En 308 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 197 casos a la suspensión del régimen de visitas.
En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 17.044 (frente a 15.473 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.638 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.430 casos. Se adoptaron asimismo 354 medidas privativas de libertad.
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el tercer trimestre de este año un total de 1.632 juicios sobre delitos leves, de los que un 46 por ciento (745) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 83 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas.
Estos juzgados dictaron entre julio y septiembre de este año un total de 5.285 sentencias (derivadas de los juicios celebrados más las conformidades) de las que un 89,4 por ciento (4.725) fueron condenatorias, casi tres puntos porcentuales más que en el mismo trimestre de 2017.
Los juzgados de violencia sobre la mujer ingresaron a lo largo del trimestre 48.850 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 53,8 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 11,7 por ciento al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.
Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el tercer trimestre de 2018 estas demandas sumaron un total de 4.386, cifra superior a la del mismo trimestre de 2017, que fue de 3.970, aunque manteniendo la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.
Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 5.674 asuntos, cifra similar al mismo trimestre del año anterior, que fue de 5.667. Los asuntos ingresados fueron 6.404 (6.289 en el tercer trimestre de 2017). Estos juzgados dictaron 5.400 sentencias, de las que el 55,19 por ciento (2.980) fueron condenatorias, lo que indica un ligero incremento porcentual respecto del año anterior, que fue de un 54,71 por ciento.
En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 56 sentencias, 46 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 82,14 por ciento, casi diez décimas por encima del mismo trimestre de 2017, en que el porcentaje de condenas fue del 72,5 por ciento.
Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el tercer trimestre del año a 43 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 88,37 por ciento de los casos, afectando a 38 menores, de los que 32 eran españoles. En este tercer trimestre del año se ha detectado un incremento en el número de menores enjuiciados, 43, frente a los 37 menores del tercer trimestre de 2017.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy, entre las que sobresale el importante incremento de las condenas a maltratadores, que alcanzan la cifra de más de un 72 por ciento del total de las sentencias dictadas: en segundo término, valora positivamente el incremento de las medidas civiles y de las medidas penales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, así como el mantenimiento del porcentaje de órdenes de protección concedidas, casi un 68 por ciento en los juzgados de violencia sobre la mujer y superior al 75 por ciento en los juzgados de guardia. Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.
Al constatar, por otra parte, el aumento de las denuncias (un 2,3 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2017), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la importancia de la visibilidad de la violencia machista y en el valor de la denuncia como pieza esencial para la puesta en marcha del sistema de protección de la víctima y de persecución del maltratador. También valora que se haya producido un, siempre importante, descenso del número de víctimas de violencia de género. Como aspecto menos positivo, Ángeles Carmona resalta la importancia de una mayor implicación del entorno de las víctimas a la vista del escaso número de denuncias presentadas por familiares de las mismas.