Alemania está considerado como el mayor burdel de Europa con su Pascha Club de más de 9.000 metros cuadrados y sus 120 prostitutas. Es también el país de Europa más liberal al respecto. Regula la actividad de las prostitutas y les da seguridad social. Holanda. Austria y Suiza también son permisivos con esta actividad.
El Estado se beneficia de ello: recauda alrededor de 16.000 millones. En cambio, Irlanda considera ilegal la prostitución mientras que Francia Noruega y Suecia la persiguen con multas. España, Italia y Portugal permanecen de perfil. Sirva esto de muestra para ver cómo en Europa no hay una postura común sobre un tema que está encima de la mesa en España desde que las prostitutas han decidido sindicarse, todo un gol por la escuadra para el Ministerio de Trabajo, tal y como lo valoró su titular, Magdalena Valerio.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha alegado que la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) fue creada "en fraude de ley" para permitir y regular "cualquier actividad sexual", incluida la prostitución, y por tanto, para fines distintos a los previstos por la legalidad.
Así lo ha expuesto el fiscal de la Audiencia Nacional, Benito Ejido, durante la celebración este miércoles 14 de noviembre de la vista en la que se ha analizado el recurso presentado por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla contra los estatutos del sindicato. Según ha argumentado, "no cabe" la sindicación para "ejercer unas pretendidas relaciones laborales" que "incluso pueden ser delictivas"".
"Si no, se hubiera excluido expresamente la prostitución en los estatutos. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque se pretende usar esta vía para legalizar la prostitución", ha alegado. En este sentido, ha añadido que si lo que se quiere es legalizar esta actividad deberá hacerse "por otra vía", no por la vía judicial que aplica las leyes y el derecho.
También estaba prevista la celebración de otra vista para abordar el recurso que, por su parte, presentó la asociación pro Derechos Humanos L'Escola, dirigida en concreto contra la inscripción del sindicato que hizo la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, ésta ha sido suspendida hasta que el tribunal haya dictado sentencia sobre la legalidad de los estatutos de la organización.