El jueves, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá'. Desde entonces, ha habido un choque político y social. Gran parte, se debe a que muchos consideran que corre peligro la enseñanza concertada, con un peso superior en España al de la mayoría de los países de la UE.
Para entender la polémica, nos remontamos a 1985, al primer Gobierno del socialista Felipe González. Con el objetivo de alcanzar la máxima escolarización y el problema de que ni había suficientes centros públicos ni dinero para construirlos, se vio como solución los conciertos públicos.
España es el tercer país de Europa con más escuelas concertadas, el 28 por ciento del total; mientras que la pública representa el 68 por ciento. Según la ley de cada momento, según el Gobierno de turno, se ha favorecido a una o a la otra. Por ejemplo, la polémica ‘Ley Wert’ en 2013 blindó la posibilidad de elección de las familias y favoreció también la cesión de suelo público para centros concertados.
La recién aprobada ‘Ley Celaá’ elimina precisamente el criterio de demanda social. Y eso ha puesto en pie de guerra a los centros concertados, que denuncian un intento de vaciar sus aulas.
En términos económicos, los alumnos de la escuela concertada, salen más baratos al Estado, un 20 por ciento más. 5.510 euros al año por alumno en la pública, frente a los 4.819 de la escuela concertada. Para compensar, algunos colegios concertados cobran cuotas por actividades complementarias. Se les acusa de segregar, de hacer caja.
En definitiva, ninguna ley ha contentado a ambas partes, ninguna ha logrado el consenso, tampoco lo hace la ‘Ley Celaá’ y, por eso, la batalla por el modelo educativo continúa.