Además, los días 5, 6 y 7 los alumnos de Secundaria de 1.150 centros están llamados a la huelga y el día 6, a las 12.00 horas, a "más de cien" manifestaciones. En Madrid recorrerá el centro de la ciudad, desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, celebra el "respaldo" de profesores y padres a las movilizaciones para pedir la retirada de la "contrarreforma" educativa. Además, advierte de que si el día 9 el Gobierno no ha hecho caso a sus peticiones, coordinará una respuesta "más contundente", uniéndose a los estudiantes universitarios.
En esta ocasión, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) apoyará las protestas, pero no la huelga, como hizo el pasado 18 de octubre.
Los sindicatos de enseñanza FE-CC.OO, FETE-UGT, STES-i y CGT, entre otras organizaciones pertenecientes a la Plataforma, manifiestan también su respaldo a la semana de lucha de los alumnos de Secundaria y participarán con su presencia en las manifestaciones del jueves 7.
Wert con los consejeros de las CCAA
Por su parte, el ministro de Educación se reúne el próximo jueves con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Educación para debatir sobre la memoria económica que acompaña al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que estima que el Estado tendrá que aportar 480 millones de euros para sufragar los costes directos de implantación para los tres primeros años, cinco veces más de lo previsto inicialmente.
En la última reunión, que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, los consejeros trasladaron al ministro su preocupación por la financiación de la reforma educativa, y éste se comprometió a celebrar una reunión sectorial monográfica para tratar este asunto. El 23 de enero, el Ejecutivo envió a las comunidades autónomas su propuesta.
Se prevé que el debate se centre en los costes indirectos de la ley, como el trasvase progresivo de alumnos hacia los ciclos de Formación Profesional --una enseñanza más cara que el Bachillerato--, pues el Gobierno pretende que lo asuman las autonomías, aunque está abierto a la negociación, tal y como avanzó la semana pasada la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.
El alto índice de población escolar en el ámbito rural en algunas comunidades, los dos itinerarios de 4º de la ESO --hacia Formación Profesional o Bachillerato--, un menor ahorro del previsto con la compactación del Bachillerato, tras otorgar más autonomía a las comunidades y centros en la fijación de asignaturas y carga lectiva, y la financiación de la nueva FP Básica han quintuplicado los costes directos, según fuentes del ministerio.
En concreto, la FP Básica costará alrededor de 112 millones de euros. El coste de las evaluaciones nacionales, también asumidas por el Estado, se prevé que ascienda a 1,5 millones la de diagnóstico en segundo o tercero de Primaria, a 1,4 millones la del final de Primaria y a 2,3 millones la del final de la ESO. La de Bachillerato no se incluye en la memoria, pues sustituye a la que se realiza actualmente para acceder a la Universidad.
Sobre el trasvase de alumnos hacia la FP, el ministerio se plantea tres escenarios: el primero, que se matricule un 50% en Bachillerato, un 20% en FP de grado medio y un 10% en FP Básica, lo que supondrá un coste estimado de 50 millones de euros; el segundo, con una previsión de 334 millones de euros, calcula el 50% del alumnado en Bachillerato, el 20,5% en FP de grado medio y el 12,5% en FP básica; y el tercero, estimado en 927 millones, prevé un 55% en Bachillerato, un 25% en FP de grado medio y un 12,5% en FP básica.
El departamento de Wert cree que en el cuarto año de implantación de la LOMCE ya se dé el segundo escenario, que considera el más realista, pero sin renunciar al tercero, lo que supondrá que la tasa de abandono escolar prematuro sea del 15 por ciento, 11 puntos menos que la actual. Asimismo, considera que cuanto mayor sea el éxito de la ley --más alumnos en FP--, mayor tendrá que ser la inversión.
No se descarta su entrada en vigor en el curso 2015-2016
El Ministerio de Educación se plantea que la puesta en marcha de la nueva ley sea en el curso 2014-2015, incluso no descarta que sea en el 2015-2016. Asimismo, en el texto de la memoria económica enviado a las comunidades autónomas, se indica que este departamento asumirá con cargo a su propio presupuesto "la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley".
No obstante, advierte de que tendrá en cuenta el programa de consolidación fiscal del Gobierno de España para los ejercicios 2013-2014 y añade que el coste estimado de implantación de la ley es "muy limitado" para una reforma de esta "envergadura" y en el medio plazo "esta prevista la reducción de estos costes".
Además, apunta que la financiación de estos gastos "estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice y serán compensadas, en su caso, con bajas en otros programas del departamento".