El parricidio de Beniel reabre el debate sobre el régimen de visitas de los menores en casos de violencia de género

Una condena por violencia de género hacia su expareja y una orden de alejamiento quebrantada. Una depresión profunda, alcoholismo y antecedentes en su familia por suicidio. David, trabajador de la construcción en paro, de 39 años, era una bomba de relojería. A pesar de todo, el riesgo para la Policía, la Fiscalía y el juez, era bajo.

Cristian, el menor de 11 años de asesinado, a diferencia de su hermano mayor de 18 que no quería ver al padre, no pudo decidir. Como sus padres estaban en proceso de divorcio, no había régimenes de visitas, solo lo acordado por los padres: ver al menor los fines de semana.

Pero las leyes contemplan que desde la fase de investigación de delitos de violencia de género se puede poner medidas para proteger a los hijos. Solo un 3 por ciento en las ordenes de alejamiento conllevaron la suspensión de las visitas y en un 0,3 la suspensión de la patria potestad en el último año.

Los expertos aconsejan que un condenado por violencia de género, como mínimo, esté obligado a ver a sus hijos en puntos de encuentros y nunca a solas.