La semana que viene el gobierno aprueba la llamada ley trans, impulsada por la ministra de igualdad Irene Montero, que permitirá cambiar de genero a cualquier persona con tan sólo acudir al Registro Civil dos veces.

Así, se podrá realizar sin necesidad de presentar informes médicos ni haberse sometido a procesos de hormonación o cirugías, y desde los 16 años sin el visto bueno de los padres. Una ley que divide y enfrenta al colectivo LGTBI con una parte del feminismo.

Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, se ha manifestado en Madrid y otras ciudades en contra esa ley trans del Ministerio de Igualdad que, a su juicio, supone "un retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres.

"Irene Montero, dimisión" y "Este Gobierno no nos representa" han sido algunos de los lemas que se han escuchado este mediodía en la Puerta del Sol, donde se han concentrado varios centenares de personas.

Estas movilizaciones se producen un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el anteproyecto de esta norma se aprobará en el Consejo de Ministros del martes 29 de junio, incluyendo en su redacción la autodeterminación del colectivo trans.

"Lamentablemente, en el siglo XXI están retrocediendo los derechos de las mujeres, y con el Ministerio de Igualdad que tenemos en España hoy en día es peor la situación", ha incidido la miembro de Confluencia Movimiento Feminista, Sonia Gómez, en declaraciones a Europa Press.

Gómez ha recalcado que la Ley Trans "no va de derechos trans", sino de "borrado de mujeres y de hormonación infantil". "Queremos que la gente lea esa ley trans. El feminismo nunca ha estado en contra de los derechos de nadie, todo lo contrario. Hemos sido grandes luchadoras por nuestros derechos", ha apostillado.

Las entidades feministas consideran que "la ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular", está llegando a una situación "criminal" que está "subvirtiendo todas las reivindicaciones" del movimiento y "penetrando en todo el ordenamiento jurídico" del país.