Se trata, tal y como ha recordado la portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Adriana Lastra, de una "buena" ley y de un "avance legislativo" del siglo XXI porque aporta las garantías legislativas "suficientes" tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.
En concreto, según la propuesta de los socialistas, que abogan por incluirla como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), sería el propio paciente, según sus "valores vitales", con una discapacidad "grave", un sufrimiento físico y psíquico "intolerable, insoportable e irreversible", una "altísima" dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario, quien deberá pedir la eutanasia.
Una vez solicitada, y tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes tendrían la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad.
Este proceso no podría tardar más de 32 días desde la petición hasta la resolución final. Además, tal y como han asegurado los representantes del PSOE, los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.
"Holanda, Bélgica y Luxemburgo ya lo han regulado y en muchos otros países lo están debatiendo como nosotros, pero la ley que presentamos opta por el modelo más garantista. Hemos mantenido contacto con asociaciones del derecho a morir dignamente, con los profesionales sanitarios y con expertos que, de manera desinteresada, nos han ayudado en la elaboración de este texto tan complejo", ha informado Lastra.
Y es que, según ha asegurado, la legislación que proponen los socialistas garantiza la protección del derecho fundamental a la vida, reconocimiento que no es un derecho absoluto, sino que debe regularse en función de otros valores como, por ejemplo, la dignidad de la persona.
La ley necesitará enmendarse
La proposición de ley ha sido sólo rechazada por el PP, quien ha reconocido ser un día "triste" porque con la aceptación de llevar esta normativa a trámite se está reconociendo la "derrota" profesional, política, médica y social ante los enfermos.
Además, los 'populares' han avisado de que el derecho en el que se ampara el PSOE para defender la eutanasia "no aparece" en la Constitución, ni en ningún convenio internacional, por lo que han insistido en que su aprobación supone un "fracaso" de cara a la sociedad, a quien no se es capaz de ofrecer otra salida que no sea la muerte.
A su entender, la excepcionalidad que plantea la legislación de los socialistas se puede convertir en una habitualidad, por lo que desde el PP han insistido en la necesidad de fomentar y asegurar los cuidados paliativos al final de la vida, pero "no" la muerte.
No obstante, el resto de partidos sí han mostrado su apoyo a la proposición de ley de los socialistas, incluido Ciudadanos que se abstuvo en la toma en consideración de una proposición no de ley presentada por el Parlament de Cataluña en el Congreso para despenalizar la eutanasia. No obstante, la formación 'naranja' ha defendido su posición asegurando que para despenalizar esta práctica primero hay que regularla.
"No vamos a oponernos porque el Tribunal de Derechos Europeos no permite que se despenalice el suicido asistido si no hay un marco jurídico", han dicho desde Ciudadanos, tras invitar a los grupos parlamentarios a ponerse en la piel de un médico que va a practicar la eutanasia y ver si son capaces, o no, de entrar en la habitación y observar el proceso de la muerte.
Asimismo, y a pesar de su voto favorable, desde Ciudadanos se ha avisado de la necesidad de modificar el texto antes de su aprobación. Del mismo modo se han pronunciado el resto de grupos parlamentarios quienes, tras destacar el avance que supondrá regular la eutanasia, han avisado a los socialistas de que presentarán enmiendas al texto.
Algunas de las propuestas que desde la tribuna del Congreso se han lanzado son afinar que la objeción de conciencia de los médicos sirva tanto en la sanidad pública como privada, que el consentimiento de la voluntad de una persona a fallecer y la reiteración del mismo no se convierta en algo mecánico; que el principio rector de la eutanasia no sea el sufrimiento, si no la libre voluntad y la autonomía del paciente.