Miles de empleados públicos temporales se han manifestado esta mañana el centro de Madrid para pedir contratos fijos. El 26% de los empleados públicos son interinos. Son unas 800.000 personas, que esperan recibir dentro de un mes una buena noticia.

El 19 de marzo, el tribunal de justicia de la unión europea decidirá si la contratación temporal de empleados públicos vulnera las normas comunitarias. Además, tal y como ha informado el abogado Javier Araúz de Robles, deberá dictaminar si la Administración, como sanción a las irregularidades cometidas, deben transformar estos empleados públicos temporales en empleados fijos y funcionarios de carrera y compensarles por su contratación temporal fraudulenta.

Varias asociaciones de interinos también tienen abiertos procesos en los tribunales españoles. De ellos depende por ejemplo el futuro de 800.000 personas que viven pendientes del teléfono. Entre ellos se encuentra Mari Cruz, que a sus 58 años reclama que se reconozca su plaza por su antigüedad en el puesto sin necesidad de ir a un concurso público. Como ella, miles de trabajadores que llevan años en el mismo puesto pero no ocupan una plaza porque nunca se ha convocado una oposición.

Estos empleados públicos estaban hasta ahora sometidos a un régimen de despido libre y gratuito. De esta forma, aunque llevaron 30 años de servicios consecutivos, eran despedidos sin indemnización y sin ningún tipo de compensación.