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La Fiscalía General del Estado ve "muy inquietante" el incremento de la violencia de género y sexual entre jóvenes y adolescentes, especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual ejercida en grupo, conocidos como 'manadas'. Respecto a este último fenómeno, la institución lo vincula directamente al uso de la pornografía en las redes sociales. Además, ha destacado el incremento de faltas contra la libertad e indemnidad sexual durante el año 2018, cuyas cifras son "especialmente preocupantes".
En su memoria anual de 2018, publicado este lunes, 9 de septiembre, la Fiscalía expresa su "preocupación" por este aumento de delitos sexuales, no solo entre jóvenes, que está reflejado en distintos datos oficiales. Por un lado, hace una especial referencia a las víctimas y agresores de violencia de género ante el "aumento contrastado de denuncias y expedientes incoados" durante el año pasado.
Dicho informe refleja el aumento de los procedimientos iniciados por delitos sexuales el año pasado, cuando alcanzaron los 18.986, lo que supone un incremento del 23,2% con respecto a 2017. Las agresiones sexuales han aumentado un 23,7% (6.119 procedimientos en 2018 frente a 4.943 en 2017); los abusos sexuales, un 30,7% (6.425 en 2018 frente a 4.914 en 2017); y las violaciones, un 9,5% (276 procedimientos en 2018 frente a 252).
"Detrás de esas cifras, hay víctimas que han sufrido un extraordinario impacto por estos hechos, que se ve agravado en aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada", señala la Fiscalía en la memoria, en la que cita el conocido y polémico caso de 'la Manada' de los Sanfermines de 2016.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, cree que la posición del Ministerio Público en el caso de 'la Manada' "ha sido coherente", ya que calificó los hechos como una agresión y no como abuso, como sí hicieron la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia.
"Preocupante resulta que las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a los agresores, siendo generalmente los familiares de la víctimas quienes interponen la denuncia o personas anónimas que observan los hechos y avisan a la policía", apostilla Fiscalía.
Tal y como apunta, de acuerdo a datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 249 menores de edad fueron enjuiciados en 2018 por delitos de violencia contra la mujer, constatándose que "desde 2012 se ha producido un progresivo incremento que parece estabilizarse en los dos últimos años".
"Existe una inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes. Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica", manifiesta la institución.
"No menos preocupante es la constatación, cada vez más frecuente, de la actuación grupal en algunas agresiones sexuales, reproduciéndose en diversos lugares las conocidas últimamente como 'manadas'", afirma la institución.
Respecto este fenómeno, el organismo señala que "se trata de un fenómeno que guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes, donde se representa a la mujer cosificada".
En su opinión, es "una situación que hay que afrontar desde el ámbito educacional, en el que padres y administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación".
Según sostiene la Fiscalía, los delitos contra menores, víctimas de abusos, se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. "Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios", apunta.
En este contexto, la institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados, como despachos, aulas, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".