Las 'puertas giratorias' y el control del Gobierno de los organismos de regulación

Lo que más se ve del Estado son las sedes ministeriales, instituciones como gobiernos autonómicos y ayuntamientos, pero tras esas fachadas hay mucho más. Más de 19.000 organismos públicos, según la Intervención General del Estado; si bien, la gran mayoría son ayuntamientos o entidades dependientes de las comunidades autónomas. Sin embargo, las que más peso tienen son las que dependen del Estado central. Entre ese entramado nos encontramos con empresas públicas como Enagás cuyo accionista de referencia es el Estado a través de su Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ahora, su consejo de administración se ha ampliado para incluir a José Montilla y Pepe Blanco, históricos socialistas tan entregados a la política que no acabaron su carrera de Derecho. Compartirán mesa con otros miembros del PP como Hernández Mancha, Isabel Tocino o Ana Palacio. La justificación a esa ampliación, según la propia empresa es que es una forma de fortalecerse frente a la crisis del coronavirus. La misma que ensaña el Gobierno cuando se le ha preguntado por la desproporción de su Consejo de Ministros.

Pablo Iglesias denunciaba cuando estaba en la oposición que este tipo de prácticas son una “corrupción legalizada”. Pedro Sánchez también estaba en contra. Sin embargo, además de seguir abiertas ha nombrado director general de Agenda Urbana a su amigo de la infancia Iñaki Carnicero, que aunque con un buen currículum, no es funcionario como marca la ley y que contamos ya aquí en este reportaje. De hecho, hay 400 arquitectos funcionarios que podrían optar a esa dirección general.

Además de estos casos recientes hay muchos más que se reflejó en un informe de la fundación Hay Derecho titulado 'Estudio sobre la meritocracia en la designación de los máximos responsables del sector público estatal y autoridades independientes'. Desde esta organización, Elisa de la Nuez nos señala que “una vez más prima más la adhesión política que los méritos”. De hecho, esta abogada del Estado, nos apunta a otros movimientos más preocupantes como es la politización de los organismos reguladores e independientes. El último caso el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, será su nueva presidenta Cani Fernández que estuvo trabajando en para el Gobierno en la Moncloa.