Un año ha pasado ya desde que se pusiera en marcha el plan de choque del Ayuntamiento de Barcelona contra los apartamentos turísticos ilegales, y la gente en la calle, sigue mostrando su descontento por imágenes más propias del turismo de borrachera, que de barrios barceloneses. Un año de vigilancia en el que 80 visualizadores (funcionarios que peinan la ciudad en busca de estos pisos) han censado 3.300 anuncios sospechosos en internet y han realizado 1.157 visitas a este tipo de apartamentos. Buscando anomalías y gente que alquila pisos para después realquilárselos a turistas a un precio mucho mayor. En el último año el Ayuntamiento de Barcelona ha dictado 2.332 órdenes de cese de actividad, más del doble que en los anteriores dos años y medio. Y las multas pueden llegar a los 60.000 euros. Además, la empresa de alquiler Airbnb, ha dado un paso atrás retirando 1.000 anuncios sin licencia.

La lucha continúa en la ciudad condal porque se desconoce el número de apartamentos ilegales a los que se enfrentan vecinos y ayuntamiento