El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho pública este miércoles la 'Operación Martillo Amarillo', que recoge sus peores previsiones en el caso de que finalmente el 31 de octubre se produzca un Brexit sin acuerdo, tal y como le había reclamado el Parlamento.

En un texto de tan solo seis páginas que data del pasado 2 de agosto, el Gabinete de Johnson recoge 20 posibles consecuencias de una salida abrupta de la UE, entre las que destaca el impacto en los suministros de comida y medicamentos y fuertes subidas en los precios de estos y otros bienes básicos, así como de la electricidad.

El Gabinete de Johnson pronostica que Francia restaurará inmediatamente los controles aduaneros sobre los productos británicos, lo que podría afectar a entre el 50 y el 85 por ciento de los transportistas que usan el Canal de la Mancha solo en el "Día 1" después del Brexit. En el peor escenario, podría haber retrasos de hasta tres meses en la recepción de dichos productos.

En el Úlster, no se volverá a "una frontera dura", apunta, porque se activará un sistema por el cual no habrá nuevos controles, pero no podrá mantenerse mucho tiempo "debido a los significativos riesgos económicos, legales y de bioseguridad". Entonces, habrá "fuertes interferencias en el comercio" que podrían dar lugar a una economía ilegal en la zona en manos de "grupos criminales y disidentes".

Downing Street señala que estos trastornos en el comercio de mercancías provocarán problemas en el suministro de comida y medicamentos, por lo que los precios subirán. Aunque cree que el suministro de energía eléctrica se mantendrá como hasta entonces, sí habrá un repunte en las tarifas de la luz, precisa.

Además, reconoce que la preparación de los agentes tanto públicos como privados para un Brexit sin acuerdo "está en un nivel bajo". En el caso de las empresas, el Gobierno opina que las de mayor tamaño están mejor preparadas que las medianas y pequeñas, que sufrirán más la coyuntura.

En el ámbito pesquero, estima que hasta 282 barcos de otros países podrían entrar ilegalmente en aguas británicas en el "Día 1". "Esto podría generar rabia y frustración en el sector pesquero de Reino Unido", disparando las capturas ilegales y propiciando "incidentes" entre barcos, vaticina.

Asimismo, las autoridades británicas auguran "interrupciones" en los servicios financieros transfronterizos de Reino Unido y los estados miembro y en el intercambio de información entre Londres y sus antiguos socios, incluida la relativa a seguridad y a datos personales.

El alza de los precios y la posible pérdida de empleos por las "interferencias" en varios sectores de la economía británica tendrían a su vez un impacto en la situación de "orden público" con "protestas y contra protestas en todo Reino Unido que podrían requerir una gran cantidad de recursos policiales".

En cuanto a los ciudadanos europeos en Reino Unido, aunque "no se han concluido acuerdos individuales con los estados miembro, a excepción del acuerdo recíproco sobre seguridad social con Irlanda", "podrán conservar ampliamente todos sus derechos" y el estatus que tuvieran antes del Brexit.

Por contra, los ciudadanos británicos en la UE dejarán de ser ciudadanos comunitarios, por lo que "se puede esperar una pérdida de los derechos asociados" y el acceso a ciertos servicios o al menos un cambio en las condiciones de acceso a los mismos. En concreto, prevé dificultades de acceso a la atención médica y más controles migratorios en las fronteras.

Johnson y su equipo han previsto, en concreto, las consecuencias de un Brexit sin acuerdo para Gibraltar, que pasan principalmente por "prolongados retrasos en la frontera durante un largo periodo de tiempo", lo que "impactará adversamente" en la economía del Peñón.

"Debido a la imposición de los controles fronterizos en su frontera con España", indican, "habrá alteraciones en el suministro de bienes, comida incluida, medicamentos y cargamentos de basura", así como "retrasos de más de cuatro horas durante al menos unos meses en el movimiento de trabajadores, residentes y turistas a través de la frontera".

El Número 10 reprocha además al Ejecutivo de Fabián Picardo que, "a pesar del aplazamiento del Brexit, Gibraltar aún no ha tomado decisiones sobre inversión en infraestructura de contingencia", como reformas en puertos o equipos de gestión de basura.

A Londres le preocupa que el 31 de octubre llegue sin que el Peñón haya adoptado estas medidas de contingencia, dando lugar a "potenciales riesgos/brechas legales principalmente para el Gobierno de Gibraltar".

El Gobierno ha publicado la 'Operación Martillo Amarillo' porque así se lo exigió la Cámara de los Comunes en una de sus últimas votaciones antes de que el martes cerrará sus puertas hasta mediados de octubre.

Sin embargo, se ha negado a publicar el detalle de las comunicaciones entre los miembros del Gabinete y sus asesores sobre la suspensión del Parlamento.

El 'número dos' del Ejecutivo, Michael Gove, ha explicado en una carta que se trata de una petición "poco razonable y desproporcionada" porque podría afectar a los derechos de los nueve asesores afectados, incluido el principal consejero de Johnson, Dominic Cummings.

"Nombrar individuos sin ningún respeto a sus derechos o sin tener en cuenta las consecuencias va mucho más allá del razonable derecho del Parlamento", ha sostenido. "Va en contra de los principios básicos de Justicia y de la obligación del Servicio Público de cuidar de ss trabajadores", ha añadido.

Johnson ha ordenado una suspensión del Parlamento de cinco semanas, que excede los tiempos normales del habitual receso entre sesiones en Westminster. La Justicia británica ha dictaminado este mismo miércoles que es una orden ilegal, pero el Gobierno ha avanzado que recurrirá el fallo.