El Tribunal Supremo de Reino Unido ha declarado "ilegal" el cierre del Parlamento decidido por el Gobierno de Boris Johnson. Los 11 magistrados de forma unánime consideran que la suspensión parlamentaria perjudica la actividad legislativa y "no hay justificación" para una medida que podría acarrear consecuencias "extremas" para la democracia.

La Corte ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, al entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una "cuestión de los jueces" y no solo una parte únicamente del debate político.

El Tribunal ha asumido que la decisión de Boris Johnson "no es una suspensión normal" por el tiempo elegido por el Gobierno que reanudaría sus actividades parlamentarias el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit sin acuerdo.