El debate ha estado abierto durante casi un año, con elecciones generales incluidas de por medio. El pasado 17 de julio del 2018, a un día de la conmemoración del estallido de la Guerra Civil española, Pedro Sánchez anunciaba su intención de exhumar el cadáver de Francisco Franco de su monumental tumba, bajo la cruz de El Valle de los Caídos.
Esta propuesta hizo las delicias de quienes consideran que, a estas alturas del calendario, ningún dictador (y no, los comunistas tampoco) debe estar enterrado con honores y, mucho menos, cuando su figura sigue promoviendo un negocio con vistas. Algo impensable en otros países que han sufrido el azote de un dictador, como Alemania o Austria donde, tras muchos años, el arrepentimiento se ha reconocido abiertamente.
La noticia generó, por otro lado, un movimiento de franquismo reciclado que volvió a colocar en los medios de comunicación discursos de antaño, en los que los defensores de Franco le han recordado como “el salvador de España” y le han postulado como un “ejemplo de democracia”, frente al decretazo con el que Sánchez pretendía terminar con esta brecha de nuestra historia.
La decisión de la paralización de la extracción del cuerpo, sin embargo, no ha tenido que ver ni con el reconocimiento a las víctimas de una guerra injusta ni con la nostalgia de la era del Caudillo. A pocos días de que llegara el día D, es decir, hoy, el Tribunal Supremo prefirió posicionarse al lado de la Gran Familia. De momento, la iniciativa no seguirá adelante, a falta de los pertinentes recursos que siempre nos llevaran a la misma situación de antes.