El Gobierno gestiona el traslado de los piratas a Kenia

CNN+/Cuatro 09/05/2009 19:17

El Gobierno está haciendo gestiones con las autoridades de Kenia para un "eventual traslado" a este país de los catorce piratas capturados por el barco español "Marqués de la Ensenada". El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha justificado a la prensa el posible traslado a Kenia, en virtud del acuerdoque Kenia tiene firmado con la UE, en el que los piratas arrestados en el mar tienen que ser trasladados a este país. Por este motivo, la intención del Gobierno es la de trasladarlos.

Esta intención choca con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de que los piratas no pueden ser entregados a Kenia porque dicho convenio "no afecta, ni puede afectar", a personas que se encuentren inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española.

El auto del juez, dictado este pasado viernes, decreta la puesta en libertad de los siete piratas capturados el pasado miércoles en la primera operación del "Marqués de la Ensenada" cuando intentaban abordar un buque panameño, a la que siguió el arresto de los otros siete al día siguiente por una acción similar. El juez se vio arrastrado por el criterio de la Fiscalía, quien le pidió que dejara sin efecto la orden de prisión provisional que había dictado el jueves para ellos.

Ahora la Fiscalía ha cambiado de opinión y se pone del lado del Ejecutivo. Entiende que debe respetarse el acuerdo. Así, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Andreu de no entregar los piratas a Kenia.

Según Moratinos, el Gobierno "siempre respeta las decisiones judiciales", pero ha puntualizado que el convenio entre Kenia y la UE se puede aplicar de forma provisional aunque aún no lo haya ratificado el Parlamento. Parece que hasta que no se resuelva el recurso no se llevará ninguna decisión a la práctica. Moratinos ha negado que haya discrepancias con el Ministerio de Defensa, sino "plena concertación" para solucionar este asunto.

El problema es que los países que han desplegado fuerzas contra los piratas no han pactado una respuesta jurídica común.